Turismo externaliza la inspección de apartamentos turísticos

El pliego, dotado con 55.000 euros, será para examinar 3.000 viviendas

La Agencia Valenciana de Turismo (AVT) sacará en breve a concurso público la licitación de la inspección de 3.000 apartamentos turísticos por valor de 55.000 euros. Aunque el anuncio recuerda a la petición realizada la semana pasada en Fitur por la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, de externalizar las inspecciones, desde la AVT aseguraron ayer que en este caso lo que se saca a concurso son solo las revisiones de los apartamentos que ya están dados de alta para asegurarse de que cumplen todos los requisitos, pero no la búsqueda de alojamientos ilegales.

Esta tarea, señalaron las mismas fuentes, ha de ser realizada obligatoriamente por funcionarios, tal y como explicaron a la AVT desde la Abogacía de la Generalitat. En este sentido, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, instó ayer al Ministerio de Hacienda a eliminar la tasa de reposición de los funcionarios con el objetivo de incrementar en un cien por ciento la plantilla de inspectores.

Concretamente, en este momento existen solo diez funcionarios para realizar esta labor en toda la Comunitat Valenciana. Colomer exige que sean 20.

El secretario autonómico realizó ayer estas manifestaciones tras presidir la reunión de la Comisión de Intrusismo de la Comunitat Valenciana, compuesta por Administraciones públicas, asociaciones y agentes del sector turístico, en la que se realizó un balance de las actuaciones de 2017 y los retos para este año.

Durante el año pasado, las inspecciones detectaron y afloraron más de 16.000 viviendas clandestinas en la Comunitat. Las altas de alojamiento en el Registro Oficial de la AVT en el 2017 fueron 16.189 viviendas, casi 5.000 más que durante el año anterior. De ellas, 10.300 fueron en la provincia de Alicante (en cuatro años han aflorado 22.696, 2.403 en la provincia de Castellón y 3.486 en la de Valencia.

No obstante, Colomer señaló que, según estimaciones no oficiales, más de un 50 por ciento de la oferta de apartamentos en la Comunitat son ilegales. Reclamó ampliar el ecosistema público y privado de actores económicos y sociales que conforman la mesa contra el intrusismo y pactar una alianza oficial con el sector. Exigió al Estado que amplíe recursos y efectivos profesionales.