Uno de los procesados de Cooperación no recuerda el destino de dos millones de euros

Hasta que comenzó a trabajar con Tauroni, hacía proyectos de 20.000 euros con Sergio Blasco, sobrino del exconseller

Los procesados en la segunda y tercera pieza de la causa Cooperación, en una imagen de archivo
Los procesados en la segunda y tercera pieza de la causa Cooperación, en una imagen de archivo

Hasta que comenzó a trabajar con Tauroni, hacía proyectos de 20.000 euros con Sergio Blasco, sobrino del exconseller

El que fue presidente de la ONG Fudersa (Fundación para el Desarrollo Rural y Salud) Rafael Barrera Cucarella aseguró ayer que no «recordaba o desconocía» el destino de buena parte de los cerca de dos millones de euros que recibió de la Generalitat para proyectos solidarios en República Dominicana.

Barrera, para quien se reclama una condena de más de siete años por tres delitos de fraude en subvenciones, declaró en calidad de investigado en la sexta sesión del segundo juicio del caso Cooperación por el desvío de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación internacional.

Según las acusaciones, Fudersa tenía experiencia en la gestión de pequeños proyectos solidarios, de unos 20.000 euros, en los que había participado de la mano de la Fundación Hospital General, dirigida por Sergio Blasco, sobrino del exconseller Rafael Blasco, también procesado en esta causa, en la que ha admitido su responsabilidad en delitos de malversación, prevaricación y falsedad. Sin embargo, entre 2009 y 2011 y en colaboración con la Fundación Hemisferio -controlada por el procesado Augusto César Tauroni, que también ha admitido su responsabilidad- logró ayudas para seis proyectos de cooperación internacional por importe de más de 300.000 euros en cada caso.

«La Fundación Hemisferio se puso en contacto con nosotros, se ofrecieron a redactar los proyectos, dijeron que tenían experiencia y que nos iban a ayudar técnicamente, a presentarlo todo correctamente», detalló el acusado. El fiscal le preguntó por el coste de la instalación de unos invernaderos en varias provincias de la República Dominicana que una auditoría pericial cuantifica en unos mil euros, y que eran la infraestructura principal en torno a la cual giraba un proyecto de formación laboral para mujeres en el que la Generalitat invirtió más de 345.000 euros.

El acusado insistió en que «en ningún caso eran cuatro hierros, como se quiere hacer ver», y aseguró que el proyecto contemplaba en todos los casos la compra de maquinaria agrícola, la preparación de los terrenos, talleres de formación o material didáctico, entre otros gastos.

Sin embargo, no pudo justificar las constantes transferencias -en ocasiones superiores a los 70.000 euros- que desde las cuentas de Fudersa se realizaban, una vez recibida la subvención y de forma sistemática, a las firmas Dinamiz-e, Arcmed o GCS, todas ellas controladas por Tauroni y que eran ordenadas por Joaquín Blasco (sin relación con el conseller) directivo de la Fundación Hemisferio, y él no las cuestionaba, señaló.