76.773 firmas por el derecho a un hogar

Llegan a la Asamblea los avales para que se redacte una ley urgente que regule la vivienda social, impida su privatización, y dé garantías habitacionales a los afectados por desahucios

Los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para impulsar la creación y aprobación de una ley urgente del derecho a la vivienda en la Comunidad registraron ayer 76.773 firmas a favor de su tramitación, para lo que se requieren al menos 50.000 firmas. Promovida por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Asociación Libre de Abogados, esta ILP pretende «garantizar y desarrollar el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid». La ILP regula la vivienda social en torno al «derecho de uso», estableciendo un procedimiento general de acceso a la vivienda, así como un procedimiento de emergencia, informa Ep. En ningún caso se podrá enajenar la vivienda pública ni privatizar su gestión ni externalizar aspectos de dicha gestión a empresas privadas. Asimismo, regula la función social de la vivienda privada y establece los supuestos de usos antisociales de la propiedad, como las viviendas deshabitadas, entre otros. Asimismo establece que las entidades financieras deben garantizar, con carácter previo a cualquier procedimiento de desahucio, desalojo y lanzamiento, el ofrecimiento de una garantía habitacional de acuerdo a la renta económica de la unidad familiar. Las sanciones van desde los 4.500 euros por infracciones leves hasta 600.000 euros por infracciones muy graves.

con el apoyo de la oposición

En palabras de la portavoz de la ILP y de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Alejandra Jacinto, se trata de «poder acceder a la vivienda pública, a la vivienda social, que durante todos estos años atrás se ha malvendido a fondos buitre» y «que eso no vuelva a suceder jamás». «Queremos acabar también con la vivienda vacía, con los grandes tenedores de vivienda, pensamos que todas esas viviendas deben ser cedidas en forma de uso a la Administración Pública para que se puedan dar en alquiler social a las familias que más lo necesitan y, por otro lado, queremos acabar también con la impunidad financiera, no nos vale que haya decenas de sentencias que condenen los abusos bancarios y que no pase absolutamente nada y, por ultimo, garantizar el fin de la pobreza energética», agregó.

Jacinto indicó que después de tres meses recogiendo firmas, aunque en la práctica han sido dos, debido a los «obstáculos» para poner en marcha una ILP como esta, lo que hacen ahora es «trasladar la pelota al tejado de los partidos políticos», con los que tienen prevista una ronda de contactos y entre los cuales ya cuentan con el apoyo de PSOE y Podemos para la admisión a trámite de esta ley. «Veremos si Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular admiten también esta iniciativa ciudadana, que está avalada por estas 76.000 firmas, y veremos qué partidos superan este examen democrático», apostilló.