Educación

A vueltas con la Lemes

«No es fácil encontrar un proyecto tan expuesto a la opinión pública y al debate, durante tanto tiempo»

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, junto a varios rectores
El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, junto a varios rectoreslarazon

«No es fácil encontrar un proyecto tan expuesto a la opinión pública y al debate, durante tanto tiempo»

Seguimos con la matraca de que la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) es la peor de la historia, que se han utilizado todo tipo de artimañas jurídicas y parlamentarias, etc. Que tiene a la LOMCE como modelo, lo que ha conseguido la oposición de toda la crema de la intelectualidad –aquí no voy a incluir a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) porque todavía tengo esperanza de que se la lean–. El texto de los rectores tiene como argumento principal que es mejorable.

El borrador se ha desarrollado con un procedimiento que nada tiene que ver con la LOMCE, ya que desde el primer momento tuvo en consideración a las Universidades, estudiantes, consejos sociales... No es cierto que toda la comunidad educativa esté en contra. Además, si todavía no se ha sometido al Parlamento, difícilmente se pueden haber utilizado artimañas parlamentarias. La Coordinadora de Universidades Públicas de Madrid, poseedora de la verdad más absoluta, piensa que «hay indicios para poder prever lo que ocurrirá, con arreglo a lo sucedido hasta el momento». Aunque parece evidente que dependerá en gran parte de las modificaciones que introduzca en la ley la Dirección General de Universidades, CUPUMA está convencida de que «lo único que importa a la Comunidad de Madrid es el acuerdo con los rectores». Según la Coordinadora, «siempre habían contado con esa aprobación y no habían ahorrado esfuerzos –incluyendo tanto halagos como amenazas– para garantizarse su aquiescencia y asegurar su aprobación. Las discrepancias sobre cantidad adeudada, y la forma de pago, de lo que debía la CAM a las universidades madrileñas complicó inicialmente las conversaciones, pero «el intercambio de medallas del 2 de Mayo rubricó el acuerdo, con lo que la CAM se las prometía muy felices». El hecho de que el mismo texto suscite críticas en direcciones opuestas es una señal de que, por lo menos, está en el centro (y este es el dato que más les molesta). Según mis noticias, la Comunidad de Madrid ha pagado hasta el último céntimo de las sentencias, por lo que el argumento de las discrepancias vinculadas «a la cantidad adeudada» es desconocimiento total. La cantidad adeudada la fijaron los jueces.

Los principales «mantras» que se están enviando desde el entorno Podemos-Sindicatos son los siguientes: la Ley no ha sido participativa; atenta a la autonomía universitaria (sobre todo por la financiación variable y por un control político); no se preocupa ni de los estudiantes ni del PAS; es «privatizadora» (porque ampara la investigación de calidad competitiva); es «precarizadora» porque no propone medidas para acabar con la precarización; pretende acabar con la universidad pública; crear universidades de varias velocidades, universidades docentes e investigadoras, e intenta acabar con los procesos democráticos de las universidades públicas. Me ocuparé de dos de estas cuestiones. Respecto al proceso participativo, en octubre de 2015 se empezó con el proceso de elaborar un documento base que sirviera para desarrollar un borrador de Ley. Se pidió ayuda a las universidades públicas, los consejos sociales, las universidades privadas, las representaciones de estudiantes para elaborar una mesa de trabajo donde, partiendo de cero, se pusieran en un papel ideas que sirvieran para mejorar nuestro espacio de educación superior que tendría que ser el origen del debate que diera lugar al borrador de proyecto de ley que hoy conocemos. Un documento para el debate. El primer borrador, que fue trabajado por personas del mundo universitario, y elaborado «de abajo a arriba», se discutió en abril de 2016 con los rectores de las universidades madrileñas (públicas y privadas), representantes de los consejos sociales y representantes de los estudiantes, que generaron numerosas «enmiendas», que dieron lugar al documento en junio de 2016. Por lo que sé, a partir de ahí se multiplicaron las reuniones con colectivos, sindicatos, representantes políticos, ciudadanos... para discutirlo con distintos formatos: reuniones, mesas redondas..., y me consta que nunca se ha rechazado o negado el diálogo con nadie y se presentó en todos los foros que lo demandaron. Además, por la vía del Portal de Transparencia, llegaron a la Consejería de Educación cientos de sugerencias y propuestas alternativas, muchas de las cuales se han tenido en cuenta a la hora de elaborar el borrador de Anteproyecto. El anuncio en el Portal de Transparencia en el mes de febrero de la inminente intención de presentar el Anteproyecto de Ley sirvió para recibir, una vez más, sugerencias e iniciativas. Convendrán conmigo en que no es fácil encontrar un proyecto tan expuesto a la opinión pública y al debate, durante tanto tiempo. Y, respecto a la potenciación de la investigación y la docencia innovadora en el sistema madrileño, la investigación determina en muy buena medida el prestigio de las instituciones, decisivo para retener y atraer profesores y estudiantes, para ampliar o estrechar la distancia que separa los centros más punteros de los demás. La investigación es el sustento indisociable de la docencia de calidad. Por ello, se potencia la investigación, pero también se refuerza el concepto de innovación docente, renovación pedagógica, docencia vinculada a los resultados de la actividad investigadora, docencia especializada y se promueve la ampliación de la utilización de la lengua inglesa en los grados y posgrados.