Adiós al chapapote de Arganda

La Comunidad inicia la limpieza de 70.000 metros cúbicos de aceites tóxicos vertidos en una laguna por Ulibarri S. A. en los años 90

«Si metiéramos la mano ahora, nos la quemaríamos». Así de gráficamente describe el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Borja Sarasola, el estado de una balsa de agua tóxica situada a apenas 800 metros del núcleo urbano de Arganda del Rey y que se encuentra en el ámbito del Parque Regional del Sureste. Una laguna que lleva llena hasta los topes de aceites residuales desde mediados de los años 90, fruto del vertido de aceites usados de la empresa Ulibarri-Piqsa que quebró en 1998, y cuyo contenido ahora se va a destruir para volver a convertir en agua apta para el consumo animal el actual chapapote.

En concreto, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid tiene previsto encabezar el proyecto que restaurará esta balsa que acumula en la actualidad 50.000 metros cúbicos de residuos y ha acabado con la vida de decenas de aves. La parcela se encuentra en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y los animales, en sus viajes de África hacia el norte de Europa, quedaban atrapados en el chapapote argandeño cuando hacían una «parada técnica» en el camino.

La financiación correrá de forma conjunta entre la Comunidad y una partida de los fondos europeos del Programa Life +. En total, el presupuesto inicial para un proyecto cuyos trabajos se alargarán entre 5 y 6 años, es de 14,5 millones de euros. La cifra definitiva no se sabrá hasta que no se conozca el trabajo de campo que están elaborando desde abril técnicos de Medioambiente y que determinará, entre otras cosas, las posibles soluciones para realizar la extracción de los aceites residuales de la laguna.

La tarea no será sencilla. El plazo estimado para terminar el estudio inicial concluye en octubre. Después, el proyecto –cuyos detalles ya conocen los tres grupos de la oposición en la Asamblea–, saldrá a información pública para que vecinos, ecologistas y cualquier persona que lo considere haga sus alegaciones. Finalmente las obras no comenzarán hasta mediados de 2014, fecha que coincide, explicó el consejero Sarasola, con el plazo previsto por la Unión Europea para hacer público el destino de los 278 millones de euros del Programa Life +.

De momento los técnicos ya han trazado un plan para la limpieza del terreno propiedad de la Comunidad de Madrid desde diciembre del año 2008. Unos trabajos que supondrán el mayor proceso de recuperación medioambiental de un espacio natural contaminado por hidrocarburos desarrollado hasta ahora en España.

Un proyecto a cinco años

La regeneración del suelo afectado (están contaminados 70.000 metros cúbicos, lo que equivale a 825 camiones trailer) se va a realizar en dos fases. La balsa toxica, de 7 metros de profundidad, tiene cuatro niveles. Los dos más cercanos a la superficie serán los de más sencilla extracción. Sarasola explicó que las capas superficiales, compuestas por hidrocarburos y compuestos orgánicos en descomposición, se podrán sacar mediante un proceso de bombeo. Las tareas más complicadas llegarán más adelante, con la tercera capa (la de mayor superficie con 45.438 metros cúbicos) que está compuesta por una capa viscosa de sulfanato de petróleo.

Debido a las importantes cantidades de sulfatos y arcillas empleados por la empresa que realizó los vertidos entre 1989 y 1995, y que cuyo negocio se basaba en regenerar aceites usados para ponerlos de nuevo a la venta en el mercado, para eliminar esta capa de la laguna serán necesarios los trabajos de retroexcavadoras y el uso de compuestos químicos para eliminar la acidez de los aceites. Este paso será imprescindible porque, tal y como se encuentran ahora mismo en la laguna, estos aceites destruirían los camiones o cualquier otro embalse en el que se realizara su transporte. «Todos los trabajos se realizarán cumpliendo las máximas exigencias en seguridad», aseguró el consejero para tranquilidad de los vecinos. Para llevar a cabo esta misión será necesario emplear los más modernos programas de I+D, uno de los requisitos que Europa impone a la hora de entregar sus fondos a los proyectos medioambientales, porque los residuos tendrán que ser tratados in situ, en la propia parcela para restar acidez a los aceites y poderlos transportar a las cementeras que los reciclarán y emplearán como combustible. De elegirse finalmente este proceso, será el único paso de la regeneración de la laguna de Ulibarri que no se haga en Madrid, puesto que en la región ninguna empresa tiene los permisos medioambientales para llevar a cabo estos trabajos (será necesario quemar los aceites a una temperatura superior a los 2.000 grados) y Toledo, Córdoba o Almería podrían ser, entre otras provincias, el destino final del chapapote de Arganda. Porque la limpieza, añadió, se va a realizar sí o sí: «Si la Unión Europea no nos da los fondos la Comunidad sufragará todos los trabajos a través de los presupuestos anuales», incidió el consejero que planea la instalación de una oficina de información ambiental para explicar los daños ecológicos que se han producido con estos aceites, precisamente en una parcela cercana a la laguna, o un mirador para el avistamiento de aves. «Tenemos que enseñar a las generaciones futuras la responsabilidad que tenemos todos en el cuidado del medio ambiente», concluyó Sarasola.

Hoy el presidente regional, Ignacio González, podrá ver con sus propios ojos los daños a la fauna que han provocado estos vertidos en cuya solución la Comunidad contará con el apoyo del Ministerio de Agricultura y la ONG SEO-Birdlife.

25 años de contaminación y un delito medioambiental que ya ha prescrito

Aceites Ulibarri realizó el vertido de aceites tóxicos en la laguna que ahora se va a regenerar entre los años 1989 y 1995. Los vertidos acumularon una balsa de un tamaño equivalente al volumen de veinte piscinas olímpicas (50.000 metros cúbicos). Con el daño medioambiental hecho, en 1998 la empresa quebró. Para entonces, según la legislación de la época que establecía un tope máximo de tres años, su delito contra el medio ambiente ya había prescrito. Uno de los acreedores de Ulibarri resultó ser el adjudicatario de la parcela que finalmente, en 2008, adquirió la Comunidad de Madrid que desde entonces planea su regeneración.