Alerta sanitaria en Parla por la huelga política de basuras

Dice que ha pagado parte de la deuda que heredó de Gómez y de Fraile, contra los que no se llegó a ese extremo

La situación de caos e insalubridad en la que está sumida la ciudad de Parla desde que comenzó la huelga en el servicio de recogida de basuras desde el pasado 1 de enero, motivó ayer la intervención del Gobierno local. La alcaldesa, Beatriz Arceredillo, remitió un informe municipal de salud a la empresa pública de limpieza Tragsa, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, para que actúe y garantice así el mantenimiento de unos niveles mínimos de limpieza en los puntos más sensibles afectados por los paros. La idea del consistorio es que, al menos, el entorno de los colegios, cuya actividad se reanuda hoy, y de los centros de salud no soporte la actual situación de acumulación de residuos.

A través de un comunicado, el propio consistorio subrayó ayer que el informe técnico remitido a Tragsa –que no fue hecho público– certifica la situación de alerta sanitaria que se vive en la localidad. Para justificar esta medida de excepción, el primer teniente de alcalde, Ángel Sánchez Porcel, apuntó a la necesidad de garantizar «el derecho a la salud en el conjunto de nuestra ciudad», y que éste «prevalezca» por encima del derecho a la huelga. En las últimas horas, la situación en las calles de Parla se ha visto agravada por el incumplimiento de los servicios mínimos, fijados en un 50%, que, según fuentes municipales consultadas, podrían garantizar una situación de salubridad «aceptable». A ello se ha unido la coincidencia de la festividad de los Reyes Magos –uno de los días del año con mayor volumen de basuras– y la comisión de actos vandálicos, como la quema de contenedores y puntos limpios.

El conflicto que mantiene enfrentado al Ayuntamiento con la empresa adjudicataria del servicio de recogida de basuras –la quinta en lo que va de legislatura– tiene su origen en los impagos de la administración local en los últimos meses, aunque a nadie se le escapa el trasfondo político, ya que los impagos de este ayuntamiento a la empresa adjudicataria vienen de largo y nunca antes la respuesta sindical había sido tan dura como lo está siendo contra Arceredillo, una socialista sin aliados ni siquiera en su propio partido dividido desde la encacelación de su ex acalde, José María Fraile, en la «operación Púnica».

Cuando en las últimas semanas de 2014 llegaron los primeros paros, la UTE Garbialdi-Sadifer reclamó la existencia de una deuda por valor de 5,5 millones de euros. El 2 de enero, Arceredillo aseguraba en un bando que la cantidad adeudada era inferior a los 3 millones, tras haberse abonado en diciembre dos facturas, correspondientes a dos mensualidades, cada una de las cuales se sitúa en el entorno de los 700.000 euros. En ese mismo bando, la alcaldesa anunciaba la penalización de la empresa, tras haber «revisado el cumplimiento escrupuloso del servicio» y comprobar «que hubo incumplimientos en el mismo durante el verano».

En este contexto, el primer teniente de alcalde aseguró ayer que «la empresa pide un pago fuerte de una sola vez, 1.700.000 euros», algo «que el consistorio no puede afrontar». Y es que, a pesar de las mensualidades abonadas en diciembre, la empresa todavía no ha abonado la paga extraordinaria de Navidad a sus trabajadores ni tampoco ha aceptado el plan de pago propuesto por Arceredillo. La propuesta del consistorio para llegar a un acuerdo pasa por abonar una factura cada mes y, al mismo tiempo, saldar poco a poco la deuda de 3 millones de euros.

A la espera de que Medio Ambiente, determine si Tragsa debe intervenir en el municipio –como ya sucedió en conflictos recientes en la capital y en Alcorcón–, lo que sí ha quedado es que el conflicto comenzó a fraguarse en los meses previos al verano. Fue entonces cuando llegaron los primeros impagos por parte del Ayuntamiento y cuando el servicio prestado por la concesionaria comenzó a resentirse. En el pleno celebrado en septiembre, el PP presentó una moción urgente por «la falta de limpieza en el municipio». Pedía la puesta en marcha de un Plan de Choque y lamentaba «la drástica reducción» del presupuesto. La moción ni siquiera se discutió porque Fraile afirmó que el servicio sólo sufría «problemas puntuales».