Alicia, Pepi y los cientos de desahucios invisibles

Siete casos nuevos llegan cada semana a las plataformas antidesahucios de Madrid. Ya no son afectados por las hipotecas, sino inquilinos que no pueden hacer frente a las subidas del alquiler.

«Esta es la quinta vez que me intentan desahuciar, se te va muchas veces la olla. No me extraña que una mujer se tire por la ventana. Alguna vez se me ha pasado por la cabeza», dice Pepi Santiago, viuda de 65 años. «Me dicen que me he convertido en un icono, pero casos como el mío hay muchos. No dan la cara por miedo o vergüenza. Yo voy a seguir dando guerra, aunque sé que es la lucha de David contra Goliat».

Ayer, pasadas las 6:30 horas de la mañana, mientras el barrio de Lavapiés aún dormía, a la calle Argumosa 11 llegaba una «lechera» de la Policía Nacional. Iba a ejecutar el desahucio autorizado por la jueza, pero que contaba con el rechazo de Naciones Unidas que, por segunda vez, solicitaba a la instructora del caso que no permitiera que echaran a Pepi y a sus dos hijas, de 27 y 28 años, sin darles previamente una «solución habitacional». «¿Qué pretendían viniendo a esas horas? Han venido a buscarme como si fuera una asesina. Van a por mí. Si no se llega a detener el desalojo por la presión de las 200 personas que vinieron a apoyarme, ¿dónde me habría ido a esas horas? ¿tirada en un banco?». Pepi sólo pide que su nuevo casero, un fondo de inversión, le permita seguir pagando entre 400 y 500 euros de alquiler. «Quieren inquilinos que paguen 1.500 y eso es inviable para nosotras. ¿Qué comeríamos?».

Gran parte del éxito de que Pepi haya «sobrevivido» a este quinto desahucio se debe a su abogada Alejandra Jacinto que, a raíz de los problemas de vivienda que surgieron con la crisis, se ha especializado en materia de desahucios.

Jacinto explica el cambio de paradigma que se ha dado a lo largo de los últimos años: «Si en 2010-2011 se produjo un boom de desahucios por ejecuciones hipotecarias, el problema ahora se ha trasladado a los inquilinos. Desde 2013, y de forma muy sutil, aparece un nuevo perfil de afectado, el que no puede hacer frente a la subida de los alquileres, es lo que denominamos desahucios invisibles porque no suelen judicializarse». Según los últimos datos del boletín especial del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, en los dos últimos años (2016 y 2017) el precio del alquiler en la Comunidad de Madrid ha subido un 28,5% y, de acuerdo con las previsiones, este año esa cifra seguirá creciendo. Es más, Madrid es la comunidad con el alquiler más caro de toda España, con una media de 748 euros al mes para pisos de unos 80 metros cuadrados.

De acuerdo con Jacinto, desde que en 2013 la ley de arrendamientos urbanos se modificara y los contratos pasaran a durar tres años en lugar de cinco –el Consejo de Ministros anunció ayer la reversión de esta medida y volverán a ser de cinco años– «el número de inquilinos que no pueden hacer frente a las subidas de la renta de sus pisos no deja de crecer. A mi plataforma llegan cada semana entre seis y siete nuevos casos de personas que se enfrentan a este problema». Además de la subida abusiva de los precios de los alquileres, existe otro motivo por el que los inquilinos se ven abocados a abandonar sus hogares. «Con la crisis de desahucios hipotecarios, los bancos dejaron de conceder hipotecas desde 2011 y la única vía era el alquiler. Muchos pasaron de ser compradores a arrendatarios», explica la abogada.

El problema, según explican desde el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid –que se constituyó el pasado año para afrontar este nueva situación– es que bloques enteros se han vendido a fondos de inversión, así como casas de protección oficial. «Los nuevos propietarios solo buscan sacar el máximo beneficio económico y fijan alquileres desproporcionados», explica Jacinto. A eso se suma que, «en la periferia hay muy poca opción porque hasta en los barrios más humildes los alquileres se han disparado». Pepi lo explica: «Cuando me dijeron que me iban a echar, lo primero que hice al ver que no me podría quedar en el barrio que nací fue recorrerme la periferia. En Pan Bendito me llegaron a pedir 1.000 euros. Desde el Ayuntamiento tampoco la dan una solución. «Me dicen que no tienen nada, pero yo veo casas vacías en frente de la mía que me dan ganas de okupar», dice desesperada. Su letrada insiste en que el gobierno de Carmena «no ofrece soluciones, ni siquiera medidas de emergencia para cuando se quedan en la calle de un día para otro».

Así, se están dando dos tipos de desahucios de inquilinos: los que dejan de pagar el alquiler por perder el trabajo y a los que se les rescinde el contrato –pasados los tres años establecidos – y no pueden afrontar la subida. «Estas últimas son las que más han crecido. No tienen a dónde ir y se quedan en la casa hasta que su casero les demanda. Son procedimientos cortos y en los que los inquilinos no tienen una defensa real, ya que el único argumento que vale es si pagan o no la renta. En el mejor de los casos se celebra un juicio y se pierde. Naciones Unidos ya ha instado al Gobierno español a que se haga un juicio de proporcionalidad. A raíz del suicido de Alicia hace unas semanas, el Gobierno anunció que iba a tomar medidas».