Carmena no inspecciona el 89% de las obras

De las 15.777 declaraciones tramitadas desde junio de 2015, sólo se ha comprobado si son legales 1.693

Las obras y actividades comerciales pueden iniciarse en Madrid sin necesidad de tener una licencia previa desde hace años. El PP puso en marcha el método de la declaración responsable para desbloquear el colapso crónico que padecía la concesión de licencias municipales. Este acto de fe por parte de la Administración requiere de un necesario control posterior por parte de la inspección municipal, que debe comprobar que la obra o actividad se ha hecho conforme a la ley. Las obras sin licencia previa y con declaraciones responsables han sido fomentadas, de hecho, por la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que hace unos meses inauguró una oficina de declaración responsable telemática.

Desde que el partido de Manuela Carmena lidera el consistorio madrileño –elecciones municipales de 2015– se han presentado un total de 15.777 declaraciones responsables. Sin embargo, en este periodo (junio 2015 hasta mayo de 2017) sólo se han llevado a cabo 1.693 inspecciones, que representan el 11% del total. Es decir, el 89% de las licencias de actividad no se han controlado, tal y como se ha informado desde el Área de Gobierno de Portavocía y Relaciones con el Pleno al PPque solicitó la información sobre la comprobación de estas declaraciones por parte del Ayuntamiento. Según los datos aportados desde el Gobierno de Carmena al PP, de las 1.693 inspecciones realizadas, un total de 987 las llevaron a cabo desde la Entidad Colaboradora Urbanística (ECU), una agencia subcontratada por el consistorio para llevar a cabo estas comprobaciones; mientras que 706 se hicieron desde la Agencia de Actividades (ADA) municipal.

«Nos parece muy grave que la necesaria labor de inspección no se esté llevando a cabo. La puesta en marcha de las declaraciones responsables se hizo desde la Administración, confiando en la buena fe de los solicitantes, pero es imprescindible que el Ayuntamiento en este caso compruebe la legalidad de las actividades para garantizar la seguridad de los madrileños», se queja Paloma García Romero, portavoz de Urbanismo del grupo municipal popular en Madrid. García Romero añade que su grupo propuso ya en el Debate sobre el Estado de la Ciudad la eliminación de la Agencia de Actividades y la transferencia de sus competencias a las juntas de distrito «porque creemos que desde la cercanía se puden hacer mejor las cosas y en este caso ejercer más control sobre las obras e incluso demoliciones que se producen en la ciudad», afirma.

El control, en tres meses

Y es que, según la normativa, el Ayuntamiento tiene tres meses desde que se presenta la declaración responsable para verificar, controlar y comprobar que la obra o actividad comercial que ha iniciado cumple con la ley; una inspección que sólo se está llevando en uno de cada once expedientes tramitados y que debido a su falta de control ha provocado incidentes como el del derribo irregular del Convento de las Damas Apostólicas del Paseo de la Habana; una edificación de 1929 cuyo derribo fue solicitado hace años mediante una declaración responsable por parte de su propietario y que, al no ser revisado, ha sido demolido parcialmente el pasado mes de junio. Una demolición que fue paralizada por Patrimonio Histórico y que ahora se investiga por qué fue tramitada sin detectar que se trataba de un edificio protegido.