Carmena pone a barrer a los universitarios meones

Aumentan las infracciones por orinar en la vía pública que suponen una multa de 751 euros. Un millar de personas han evitado la sanción económica a cambio de 20 horas limpiando la ciudad.

Es habitual que la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena, se descuelgue con comentarios más o menos inapropiados sobre usos, costumbres o recomendaciones sui generis sobre civismo. A estas alturas de la legislatura ya a casi nadie le sorprende si la regidora comenta que «los madrileños tienen poco control del esfínter y mean en la calle», en referencia a la suciedad por orines que se acumula en algunas partes de la ciudad. Sin embargo, más allá del habitual «tirón de orejas» de la alcaldesa, lo cierto es que el Ayuntamiento de Madrid sí persigue, y mucho, a los infractores de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de Residuos, no sólo con multas muy elevadas sino que también les obliga a limpiar la ciudad si quieren evitar el pago de la sanción.

Sólo en 2018 se abrieron 3.530 expedientes a otras tantas personas por hacer sus necesidades en la calle. De ellos, se cobraron definitivamente 2.321 multas de entre 751 y 1.500 euros, si bien el consistorio madrileño señala que la gran mayoría son del montante menor. Una cifra mucho más elevada que la de 2017, cuando se incoaron 2.159 expedientes de infracción de los cuales se cobraron prácticamente todos: 2.152. La diferencia entre estas cifras sin duda radica en la puesta en marcha de un programa de prestación social sustitutoria para evitar el pago de la sanción económica a cambio de trabajos por el bien de la comunidad. En concreto, se pueden ahorrar los 751 euros a cambio de dedicar 20 horas a barrer, recoger, limpiar papeleras y retirar carteles y pegatinas del mobiliario urbano de la ciudad.

Se trata de un programa que ya se ha ensayado en legislaturas anteriores en el Ayuntamiento de Madrid y que el equipo de Carmena quiso recuperar con el objetivo doble de concienciar a los infractores y reparar en parte el daño provocado. Así, en 2016 se realizó un primer proyecto piloto con 50 personas que habían sido multadas, no sólo por orinar en la calle sino también por otros comportamientos incívicos como lavar el coche en la vía pública, arrojar basura en lugares inadecuados, realizar pintadas o no recoger los excrementos de sus animales de compañía, aunque la gran mayoría son realizar sus necesidades fisiológicas

Después de este ensayo se realizó otro en 2017 con un centenar de personas y gracias al éxito de ambos se aprobó oficialmente el Protocolo de prestación ambiental sutitutoria de las sanciones en junio de 2017. Así, desde septiembre de ese año hasta febrero de 2019 se han acogido a este protocolo 852 personas, lo que hace un total de 1.002 contando con las dos pruebas piloto. De ellas, 779 han sido por orinar o defecar en la vía pública –21 del primer ensayo, 67 en la segunda prueba piloto, y 691 entre septiembre de 2017 y febrero de este año–.

Gracias a las estadísticas que realiza el Área de Medio Ambiente y Movilidad, responsable tanto de las sanciones como de la prestación ambiental sustitutoria, el consistorio madrileño ha conseguido elaborar un perfil bastante certero sobre quiénes son los que más orinan en las calles y, además, deciden evitar la multa reparando el daño realizado. De todos los que se han acogido al «salvoconducto» ambiental, el 85% son hombres, el 69% de entre 18 y 29 años y el 50% cuentan con estudios universitarios. Además, el 90% son españoles y el 94% residen en la capital.

Y es que pese a que también hay mujeres que son sancionadas por infringir la Ordenanza de Limpieza en los Espacios Públicos –en concreto 130 de los 852 que se han acogido al protocolo de prestación sustitutoria–, la gran mayoría son hombre y todos ellos relativamente jóvenes. En el resto de rango de edades apenas un 15% se sitúa entre los 30 y 39 años y un 14% supera los 40%. También son pocos los menores que han sido sancionados y han optado por la prestación sustitutoria, un 2% tenían menos de 18 años.

Llama también mucho la atención los lugares de procedencia y residencia de los infractores que querido ahorrarse la multa económica. Después de las mayorías abrumadoras de españoles y residentes en Madrid, la siguiente nacionalidad que ha tenido que arremangarse para reparar la sanción por orinar en la calle han sido ecuatorianos (3%), seguidos de los colombianos (1%); así como los residentes en Barcelona (1%) y Toledo (1%).

Todos ellos han pasado en primer lugar por un pequeño curso de concienciación que realiza un educador ambiental que ejerce de tutor en los grupos de infractores. Después se queda con cada uno de los sancionados en función de las horas de prestación ambiental sustitutoria que deben de prestar. Debido a que la infracción por hacer sus necesidades en la vía pública es considerada como grave por la ordenanza, y cuenta con una multa económica de más de 751 euros, la prestación es la máxima que se registra en el protocolo y consta de 20 horas de trabajos de limpieza de la ciudad como barrer, vaciar papeleras y quitar pegatinas y carteles del mobiliario urbano.

Para su realización los infractores tienen los siete días de la semana y los 365 días del año, en horario de lunes a jueves entre las 8:00 y las 16:00 horas, y los viernes entre las 8:00 y las 12:00 horas y entre las 15:00 y las 19:00 horas. Según explican desde el área de Medio Ambiente y Movilidad los menores de 16 años no pueden realizar más de cuatro horas y el resto de más de ocho horas. Es por ello que el tutor se organiza con los infractores para adaptarse con la máxima flexibilidad al horario que más les convenga, siempre que sus circunstancias estén documentalmente acreditadas, por ejemplo por asistir a clase o al trabajo. Además, para poder acceder a la prestación ambiental sustitutoria se debe pedir voluntariamente, reconociendo así expresamente haber cometido la infracción, y debe realizarla la misma persona que recibió la multa, con autorización en caso de ser menor.