El Gobierno de Ayuso canta las verdades del barquero a Morant por el “chantaje” de los profesores universitarios

El último encontronazo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con el de Pedro Sánchez ha tenido a la universidad como fuente de conflicto. El asunto tiene que ver con el Programa María Goyri que tenían que firmar Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Consejería de Educación madrileña para incorporar nuevos docentes en las seis universidades públicas la región y así rejuvenecer plantillas. Madrid se resistía a firmarlo porque quería que se suprimieran de la redacción “términos ideológicos impropios” de un convenio entre dos administraciones, pero la ministra Diana Morant, se negó a cambiar ni una sola coma. Con todo, la Comunidad de Madrid finalmente se mostró dispuesta a firmarlo, de manera telemática, para no perder 169 millones de euros que transfería el Ministerio. Pero la ministra quería luz y taquígrafos para sellar el acuerdo, y eso fue el detonante de que el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de Madrid, Emilio Viciana, dijera en persona las verdades del barquero a la ministra Morant.

¿Qué justifica que finalmente Madrid firme el convenio que Viciana definió como “una imposición, una cacicada, un chantaje, un trágala, un Pedro Sánchez invita y las Comunidades Pagan”? “Ponernos de lado de las universidades”, dijo el consejero. Sin embargo, este convenio hipoteca a la Comunidad de Madrid por valor de 2.000 millones de euros durante los próximos 35 años, unos 57 millones al año hasta que se jubilen los profesores ayudantes doctor, según Viciana.

Peor aún, el consejero cree que el convenio “envenena a las universidades públicas vulnerando la autonomía universitaria e imponiendo una única figura de profesor. Se quiere acabar con la figura del profesor asociado que es el que permite que los profesionales lleven su experiencia a las clases universitaria”.

¿Qué consecuencias tendrá? “Se volarán los puentes entre la universidad y la empresa, entre la universidad y el mundo real. El Gobierno quiere aislar cada vez más a la universidad en la ideología y en la dependencia de los poderes públicos”.

Viciana tiene muy claro lo que está ocurriendo con la Ley de Universidades del Gobierno (LOSU) y este convenio trampa: primero, la LOSU reduce el número de horas que pueden dar los profesores y “genera artificialmente un problema de falta de profesores. Es una ley que nace con una memoria económica desastrosa y sin cumplir sus plazos. Año y medio después el Ministerio sale con este convenio trampa que quiere librarse de un tipo de profesores y que no tiene en cuenta las necesidades docentes de cada universidad. Y la gran mentira de este convenio es que rejuvenece las plantillas porque este dinero no es para rejuvenecer plantillas ni atraer talento, sino para pagar los costes de la propia LOSU, una ley que costará a los contribuyentes 1.500 millones”.

En opinión de Viciana, el Gobierno de Sánchez quiere volar los puentes entre la universidad y la empresa, entre la universidad y el mundo real, quiere aislar cada vez más a la universidad en la ideología y en la dependencia de los poderes públicos”.

Sin embargo, Viciana ya ha avisado de que Madrid va a compensar la “ingeniería social de este convenio trampa” protegiendo y promoviendo la figura del profesor asociado.

El convenio en cuestión establece la creación de 1.091 plazas de profesor ayudante doctor para ampliar, rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesores de estas instituciones. De estos docentes, 656 serán financiados por el Ministerio y los 435 restantes por la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la Comunidad ha aclarado que el Ministerio solo financia la contratación de esos 656 profesores durante los seis primeros años; pasado ese sexenio, el Gobierno regional asumirá las nóminas del total de los 1.091 profesores del Programa María Goyri. Para poner en marcha esta iniciativa de inmediato, el Ejecutivo autonómico aportará anualmente 17,5 millones de euros ya desde 2025.

Morant: "Se hace justicia con la universidad"

Otra versión muy distinta es la que ha defendido la ministra Morant durante la firma del convenio, quien ha explicado que, con este acuerdo, "queremos hacer justicia con la universidad pública madrileña y continuar resolviendo los problemas para que desarrollen el máximo potencial, porque son nuestro principal motor de conocimiento y de competitividad y nuestra más potente garantía de igualdad de oportunidades y de salud democrática”. La ministra ha destacado que estas plazas “son la medida de supervivencia para unas universidades que lo necesitan y son una necesidad de reemplazo ante las próximas jubilaciones y, también, una necesidad de sustitución de las figuras precarizadas por figuras que tiendan a la estabilización”. El acuerdo no se ha firmado solo con Madrid, sino con todas las comunidades autónomas para la puesta en marcha de este Programa cuyo objetivo es financiar más de 5.600 plazas de profesores/as ayudantes doctor en las universidades públicas de toda España, tal y como especifica el Ministerio.

El Ejecutivo central ha echado cuentas y asegura que el convenio supone financiar durante seis años 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor en toda España, lo que supondrá un coste global de más de 900 millones de euros por parte del Ejecutivo. Además, este Programa implica la movilización de otras 2.236 plazas que sufragarán las comunidades autónomas, lo que representa un compromiso de financiación de casi 600 millones de euros. La ministra también ha recordado que con este Programa “vamos a aumentar un 74% más las plazas de profesorado ayudante doctor existentes actualmente. Se trata de la mayor incorporación de nuevo profesorado a las universidades públicas de toda la etapa democrática de nuestro país”.

Además, detalló que es la primera vez que un Gobierno de España se hace cargo de manera directa del salario de los profesores e investigadores universitarios, desde que estas competencias se transfirieron a las comunidades autónomas. “No es nuestra competencia, pero sí nuestro modelo de país: una España del conocimiento, competitiva y solidaria, una España del talento y la meritocracia, que no es posible sin igualdad de oportunidades”, ha asegurado. En su intervención, la ministra también se ha referido a la figura del profesorado ayudante doctor, cuya contratación se impulsa a través del ‘Programa María Goyri’ en las universidades públicas". El modelo, "busca acabar con el abuso con el que se ha recurrido al profesor asociado, una figura singularmente precarizada".