Carmena quiere que los «sin papeles» trabajen en obras del Ayuntamiento

La ministra de Empleo le contesta que hay parados en la ciudad que pueden trabajar en la construcción.

Carmena ayer con bangladesíes dedicados a la venta ambulante ilegal, a quienes quiere facilitar permisos para llevar a cabo su actividad
Carmena ayer con bangladesíes dedicados a la venta ambulante ilegal, a quienes quiere facilitar permisos para llevar a cabo su actividad

La ministra de Empleo le contesta que hay parados en la ciudad que pueden trabajar en la construcción.

«Dentro de dos o tres meses veréis resultados». Éstas habrían sido las palabras de la alcaldesa, Manuela Carmena, cuando el pasado miércoles 23 de mayo se reunió, sin dar anuncio del encuentro y casi a título personal, con el Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid. Lo hacía 70 días después de que Mame Mbaye, vecino de Lavapiés venido de Senegal hacía más de una década, se desplomara de un paro al corazón en las inmediaciones de su casa el pasado 15 de marzo. Lo que siguió: una lucha en las calles que mantiene hoy en abierto un debate en torno a la Ley de Extranjería y lo que algunos llaman «racismo institucional». Es por eso que, dos meses más tarde y en respuesta a las reclamaciones de los colectivos migrantes del barrio, la semana pasada la jefa del Ejecutivo se sentó a escuchar las peticiones de los sindicalistas, tal y como adelantó este periódico el pasado domingo. Ayer, en su visita a la zona donde la madrugada del 16 de marzo se libró una auténtica guerra campal entre vecinos senegaleses, grupos antisistema y agentes de Policía, la alcaldesa quiso redimir el «abandono» que venía denunciando esta comunidad. «Es incomprensible que haya gente a la que no dejamos trabajar cuando quieren trabajar y necesitamos que trabajen», declaró en su paseo.

Así, Manuela Carmena lanzó ayer varias ideas con las que pretende devolver «la dignidad a estas personas en situación irregular»; la más llamativa de ellas llegará esta misma tarde al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de un encuentro directo entre la alcaldesa y la ministra Fátima Báñez: la regidora propone que los inmigrantes sin permiso de residencia puedan realizar de forma legal trabajos temporales, particularmente, en el campo de la construcción. Esto, piensa la ex jueza, solucionaría una «contradicción tan grande» como es que el consistorio tenga hasta una treintena de proyectos activos para los que se demanda personal y que, al mismo tiempo, haya personas buscando trabajo que no pueden incorporarse al mundo laboral porque no tienen sus papeles en regla. Todos ganarían, a los ojos de Carmena, aunque desde el sindicato de Manteros y Lateros se muestran recelosos al respecto: «No tenemos ninguna confianza en lo que sale de su boca», sentencia uno de sus representantes. Una desesperanza que respalda la postura del Ministerio citado por la alcaldesa, que ayer ya adelantó su postura poco favorable a la propuesta de Carmena: «Tenemos 3.300.000 personas en los registros públicos de empleo en toda España que pueden trabajar en el sector de la construcción perfectamente», afirmó Fatima Báñez.

Para dejar clara su postura tendiéndole la mano a los migrantes afincados en la capital, sobre los vendedores ambulantes, la alcaldesa dijo también ayer que estudiará la posibilidad de facilitar las licencias a los que trabajen con productos legales y que sustituirá las multas –que casi nunca se llegan a cobrar– por trabajos comunitarios.

Tanto el PP como Cs, criticaron la visita de la alcaldesa por llegar tarde y sin fuerza, aludiendo al apoyo que no recibió la Policía por su parte durante los disturbios de marzo. Pero lo que debe de ser verdaderamente desalentador para los que quieren estrechar relaciones con los colectivos migrantes es que tampoco ellos creen en las palabras del Gobierno municipal, pues aún están a la espera de la Tarjeta de Vecindad anunciada en 2016. De hecho, Manuela Carmena y los suyos fueron increpados por varios vecinos que, portando pancartas con mensajes antirracistas, dejaron claro que ellos también son parte de lo que llaman «poder racializado organizado».