«Caso Gürtel»: El juez ofrece declarar voluntariamente como investigada a una diputada del PP de Madrid

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el «caso Gürtel» ha ofrecido a la diputada del PP en la Asamblea de Madrid María Josefa Aguado declarar voluntariamente como investigada en relación al fraccionamiento irregular de facturas en Arganda del Rey cuando era jefa de deportes de la Sociedad Fomento.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el «caso Gürtel», José de la Mata, ha ofrecido a la diputada del PP en la Asamblea de Madrid María Josefa Aguado declarar voluntariamente como investigada en relación al fraccionamiento irregular de facturas en Arganda del Rey (Madrid) cuando era jefa de deportes de la Sociedad Fomento.

En concreto, por la existencia de indicios de que desde su cargo habría «favorecido el fraccionamiento de los servicios relacionados con la X Olimpiada Escolar, con la emisión de distintos informes» en los que se establecía la «innecesariedad de tramitar expediente de contratación alguno».

Esos hechos, señala el instructor podrían ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación y otro de fraude a las administraciones

públicas.

El magistrado le otorga un plazo de 30 días para que decida si quiere declarar de forma voluntaria por esos hechos, y, en caso contrario, elevaría directamente la correspondiente exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En el auto donde se le ofrece la posibilidad de declarar voluntariamente a la citada diputada, el magistrado justifica tal decisión en que existe la obligación de «dar oportunidad a la aforada de ejercitar todos los derechos que le confiere la Ley para su defensa: darle la facultad de asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones, declarar voluntariamente como persona investigada ante el instructor, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias», todo ello asistido por un abogado.

Por otro lado, el juez De la Mata ha dado un plazo de cinco días a la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid par que remita el acta de la Comisión de Urbanismo de 31 de enero de 2006, donde se aprobó el Plan Parcial de Reforma Interior de la urbanización bautizada como Unidad de Ejecución 124. Estos terrenos fueron adjudicados en noviembre de 2004 a la empresa promotora Martinsa y se modificaron en los meses siguientes, de forma que la constructora elevó su previsión de ventas en 198,3 millones, según un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) que consta en el sumario. Los investigadores sospechan que Correa habría recibido una comisión de 25 millones de euros por su labor de intermediación en la adjudicación de este contrato.