CC OO advirtió en 2003 a Gómez de los sobresueldos

Seis de mayo de 2003. Ese día se celebra en el Ayuntamiento de Parla una reunión del Comité de Empresa. En esas fechas, todavía no había saltado a la luz pública el escándalo de los sobresueldos que, presuntamente, se pagaban bajo el mandato del entonces alcalde de la localidad, Tomás Gómez, actual secretario general de los socialistas madrileños. No sería hasta 2010 cuando se empezase a conocer esas supuestas irregularidades, gracias a las informaciones publicadas en LA RAZÓN. Sin embargo, ya en 2003 había datos que apuntaban a que esas supuestas «gratificaciones» eran conocidas, y, al parecer, también toleradas por todos, o, al menos, nadie levantó entonces la voz al respecto.

Ha sido Mariano Sánchez Toribio, ex concejal de Hacienda con Tomás Gómez y cesado en 2010, quien ha aportado al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Parla una documentación en la que, entre otras cuestiones, se evidencia que ya en ese año se pagaban «sobresueldos, esto es, complementos, fuera de convenio».

Para ello, ha aportado al juzgado el acta de la reunión ordinaria del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Parla que tuvo lugar el 6 de mayo de 2003. En ella, Antonio Ávila, uno de los representantes de Comisiones Obreras, señala que ha llegado «información» a su sindicato del «pago de sobresueldos en determinados departamentos» y que, con esa actitud, «se está incentivando a determinadas personas y desmotivando a otras».

Ante esta manifestación, Rafael Sirviente, de UGT, señaló que tenía «entendido» que ningún trabajador cobraba sobresueldos, pero sí «productividad». Por ello, pidió que se diferenciara bien entre ambos conceptos, ya que «si algún trabajador está cobrando sobresueldos, este Comité deberá tomar decisiones ya».

Por decreto del alcalde

Posteriormente, tomó la palabra la presidenta del Comité de Empresa, quien también reconoció que le habían llegado «quejas de este tema», pero que le habían informado, desde la sección de Personal, de que esas gratificaciones eran por una «subida en el complemento de productividad de trabajadores del departamento de Intervención, dado que está sacando un trabajo adelante».

Además, dejó claro que esos pagos, «de carácter temporal» se aplicaban por un «decreto del alcalde», Tomás Gómez. La conversación deriva en que uno de los representantes de Comisiones Obreras, Balbino Corrales, asegura que se debería «pedir un listado de las horas extraordinarias que se realizan en el Ayuntamiento» por parte de los trabajadores del mismo.

Siempre según el acta de aquella reunión del Comité de Empresa, la conversación sobre los sobresueldos la concluye el mismo Antonio Ávila que quiere «transmitir al Comité la inquietud de CC OO por cómo se realizan determinadas actuaciones». Ávila asegura que «este tipo de medidas genera, en el conjunto de los trabajadores, malestar y desmotivación». Aunque matiza que «no tenemos nada contra los trabajadores beneficiados».

De esta forma, en el mismo Ayuntamiento se hablaba entre los trabajadores de la existencia de unos sobresueldos que costarían al Ayuntamiento unos 200.000 euros anuales, tal y como desvelaría después LA RAZÓN, en unas arcas municipales que ya por aquel entonces no se encontraban especialmente boyantes.

El caso ha derivado ya en la imputación de cinco altos cargos del Ayuntamiento. Entre ellos está el actual alcalde José María Fraile, que en su declaración ante el juez reconoció que siguió pagando dichos sueldos (que acabaron costando alrededor de 1,6 millones entre su etapa y la de Gómez) pese a que la Delegación del Gobierno ya había advertido al municipio de que se trataba de una práctica ilegal. Fraile se limitó a decir que no dejó de abonarlos por «inercia».

Los pagos comenzaron casi un lustro antes, ya que el 15 de octubre de 2004 el consistorio suscribió con la comisión negociadora de los empleados públicos el convenio colectivo que reguló las condiciones laborales de estos trabajadores entre los años 2004 y 2007.