Cerco a los traficantes del cobre

Redada sorpresa. El pasado miércoles efectivos del Seprona y agentes de Medio Ambiente entraron sin avisar en doce chatarrerías de toda la Comunidad de Madrid con un único objetivo: comprobar si la procedencia del cobre a la venta en estos establecimientos era legal –buscaban posibles puntos de receptación y distribución de material robado–, si los locales cumplían la normativa medioambiental y si el procedimiento para reciclar este metal era el correcto. Y es que esta actividad delictiva es una de las que ocasionan mayores pérdidas económicas a las empresas propietarias de las líneas, llegando incluso en algunas ocasiones a provocar el corte de líneas ferroviarias o de comunicaciones durante periodos prolongados de tiempo.

Ésta es la tercera actuación conjunta desarrollada por ambos cuerpos en lo que va de año. En marzo y en mayo se realizaron otras dos, que se tradujeron en 33 inspecciones y otros tantos expedientes por infracción de la normativa ambiental tramitados por el área de disciplina ambiental, informaron fuentes de la consejería del ramo que precisaron que este tipo de inspecciones se ha duplicado, pasando de las 67 de 2013 a las 150 con las que se va a cerrar el presente ejercicio.

En lo que respecta a los expedientes, uno de ellos se resolvió con una multa de 20.000 euros, dos están en fase de instrucción de procedimiento sancionador, cinco han sido archivados al presentar los propietarios la documentación requerida y el resto está en trámite de diligencias previas para determinar si los hechos inspeccionados dan lugar a inicio de procedimiento sancionador.

105 toneladas de metal robado

Dentro del plan nacional contra el robo de cobre, la Benemérita ha detenido en diferentes operaciones a 14 personas y ha requisado 105 toneladas de este metal que había sido sustraído. En total, desde finales de 2012 –fecha en que se inició esta operación– han realizado 850 inspecciones en chatarrerías y centros gestores de residuos metálicos. Sólo en Madrid este tipo de actuaciones permitió la clausura de las dos mayores escombreras ilegales de residuos de construcción y demolucion de la región. Asimismo, las inspecciones han provocado un efecto disuasorio que se ha traducido, desde 2007, en un descenso del 40,2% en el número de denuncias.