Cuatro años de cárcel para Flores por la tragedia del Madrid Arena

El juez impone la pena máxima a Flores por los homicidios imprudentes de Katia, Belén, Rocío, Teresa y Cristina en el Madrid Arena. Condena a siete de los acusados y exculpa a ocho, entre ellos los doctores Viñals y el jefe de la Policía Municipal. Los familiares califican de «insulto» las absoluciones

En el banquillo se sentaron 15 acusados por la tragedia del Madrid Arena. Al final, siete condenados y ocho absueltos. El principal responsable, el promotor de la fatídica fiesta de haloween del 1 de noviembre de 2012, Miguel Ángel Flores, conoció ayer que se le condena por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave, uno por cada chica que perdió la vida, y de 29 delitos de lesiones, también por imprudencia grave. Tanto la sentencia de Flores como la de los colaboradores de su compañía Diviertt y Madridec –empresa del Ayuntamiento de Madrid responsable de arrendar el recinto del Madrid Arena a la empresa de Flores– señalan que «no sólo no evitaron riesgos, sino que los crearon y los permitieron, por lo que el peligro jurídicamente desaprobado que suponía su conducta se concretó en el lamentable resultado producido, en el que fallecieron cinco jóvenes y resultaron lesionados otros catorce que precisaron para su curación de tratamiento médico posterior a la primera asistencia facultativa y quince que curaron sin necesidad de tratamiento médico».

El sobreaforo, al haber entrado al recinto alrededor de 16.600 personas –6.000 más del máximo total permitido–, y el cierre de vomitorios –en esta situación se encontraban cinco de los ocho existentes– y escaleras, con lo que se dificultó el tránsito de los asistentes por el pabellón y el haberse derivado la entrada del público a través de las puertas de emergencia directamente a la pista, que ya se encontraba saturada por el sobreaforo, fueron las causas determinantes de que Katia Esteban, Rocío Oña, Cristina Arce, Belén Langdon y María Teresa Alonso se dejaran la vida en una fiesta donde gran parte de lo sucedido hay que achacarlo al afán de Flores de obtener un mayor beneficio económico.

Fueron 28 minutos de terror, en los que las miles de personas se encontraron en una «ratonera» de la que resultaba imposible salir y donde las escenas de pánico fueron continuas y que acabó con el fatal desenlace. La familia de cada una de las víctimas recibirá una indeminización de 350.000 euros, declarándose la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Madrid. Entre los absueltos se encuentran los doctores Simón y Carlos Viñals, pese a entender que ambos tuvieron una conducta profesional «negligente», pero que, en cambio, no se puede concluir que la misma determinase el fallecimiento de las víctimas a las que atendieron; así como el ex jefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo.

Pese a esta condena, todo hace prever que Miguel Ángel Flores continuará en libertad provisional, ya que su defensa recurrirá al Tribunal Supremo, lo que hará que la condena, al no superar los seis años de prisión, quede en suspenso hasta la resolución del mismo. El relato de lo sucedido, a través de los hechos por los que han sido condenados siete de los acusados por la Audiencia Provincial de Madrid, no deja lugar a dudas de que fue una tragedia que a todas luces pudo evitarse.

Miguel Ángel Flores: actuó intentando conseguir un máximo beneficio económico, «desde la preparación del evento hasta el desarrollo del mismo, de todo lo cual se ocupó personalmente, lo que provocó que incumpliera y desatendiera sus obligaciones, legales y contractuales, como promotor tanto en relación con la venta de entradas y, por consiguiente con el aforo permitido, como respecto a la seguridad y la organización del flujo de asistentes en el interior del pabellón». Ese afán de enriquecimiento hizo que se vendieran muchas más entradas de las que legalmente podían hacerse, y ello «de forma absolutamente consciente», es decir, conocía que el aforo máximo se superarían en miles de personas, provocando con ello un «evidente riesgo para la integridad física de quienes allí se encontraban», como finalmente sucedió.

De esta forma, la conclusión a la que llegan los magistrados de la sección séptima de la Audiencia de Madrid es rotunda respecto a su responsabilidad en lo acontecido: «Se considera que la actuación del acusado durante la preparación y desarrollo del evento es gravemente imprudente y causante de los hechos que produjeron el lamentable resultado lesivo para 29 asistentes al evento y mortal para las cinco fallecidas».

Francisco del Amo López: responsable de Madridec se le condena a tres años de prisión. Tuvo con anterioridad al evento, y durante el desarrollo del mismo, «una conducta permanente de favorecimiento de los intereses de Miguel Ángel Flores»; y, pese a conocer el aforo permitido, comprobó personalmente cómo entraban en el pabellón un número de personas muy superior al permitido y no adoptó ninguna medida.

Santiago Rojo Buendía: director general de Diviertt. Se le impone la misma pena y por los mismos delitos que al anterior. Los magistrados destacan que su actuación durante el evento fue esencial, en cuanto que controlaba personal y directamente el estado del interior del pabellón, «cuidando de que se mantuvieran los cierres y precintos de las escaleras, y se ocupó del desvío de público por el portón de cota 0 asegurándose de que los asistentes se dirigían directamente a la pista pese al estado en que ésta se encontraba».

Miguel Ángel Morcillo Pedregal: trabajador también de Diviertt, se le impone una pena de dos años de prisión. Realizó personalmente una actuación fundamental para que se produjera el resultado fatal: la apertura de las puertas del «Muelle Mónico» para que entrara el público, pese a tratarse de puertas de emergencia.

Carlos Manzanares: perteneciente a la empresa de seguridad Kontrol 35, se le condena a dos años de prisión. La sentencia destaca su absoluta omisión en la correcta organización del control de acceso que debían realizar los trabajadores que había seleccionado para que fueran contratados por Diviertt, a los que él coordinaba y controlaba, y a los que había destinado a impedir el tránsito de los asistentes, «todo lo cual contribuyó decisivamente a la producción del resultado».

Juan José París Nalda y Raúl Monterde: coordinadores de Seguriber, se les impone una multa diaria de 10 euros durante 12 meses.Debían cuidar de la prevención de los riesgos que pudieron afectar a la seguridad de las instalaciones y las personas, así como realizar las actuaciones preventivas y correctivas ante situaciones de riesgo. Tuvieron que percibir la aglomeración de público existente y deberían haberlo comunicado al responsable de Madridec.

- Comenzó a vender las entradas para el Thriller Music Park en septiembre, antes incluso de haber firmado el contrato con Madridec.

- Mandó imprimir 17.500 entradas de talonario y contrató con Ticketmaster y Ontickets la venta on line de 10.000 más.

- Sobreaforo. Se considera probado que vendió al menos 16.492 entradas, cuando el aforo máximo permitido era de 10.620. Con todo, finalmente asistieron 16.605 personas al evento.

- «Máximo beneficio económico». Flores acordó con Madridec que el precio final que debía pagar por el alquiler del Madrid Arena se determinaría en función del número real de asistentes. Dijo que irían entre 4.000 y 6.000 asistentes.

- Cierre de vomitorios. De los ocho vomitorios o accesos a la pista que tiene el Madrid Arena, sólo se abrieron tres, convirtiendo estos pasos en ratoneras donde coincidieron los que querían entrar en la pista para ver a Dj. Aoki y los que querían salir por el sobreaforo.

- Puertas de emergencia. Entre las dos y las tres de la madrugadaabrió las puertas de las salidas de emergencia para permitir la entrada masiva de los jóvenes que hasta entonces estaban fuera haciendo botellón. La sentencia señala que en sólo 28 minutos entraron 3.000 chicos.

- Descoordinación. Los controladores no estaban preparados para este tipo de situaciones y en ningún momento la orgfanización llamó a Emergencias.

Un escueto «sí» fue la única palabra que ayer se pudo escuchar de boca de Miguel Ángel Flores. Contestó así a los periodistas cuando éstos le preguntaron, a la salida de la Audiencia Provincial, si recurrirá el fallo. No hizo más declaraciones antes de abandonar el tumulto de cámaras y micrófonos en un taxi junto a su abogado. La casualidad ha querido que ayer también, en otro punto de la ciudad, la empresa para la que ahora trabaja Flores –Grupo Alonso– presentara su proyecto más ambicioso: Madrid, Exposiciones y Eventos Urbanos. Se trata de un complejo ubicado en la estación de Chamartín y que agrupa tres locales y la antigua Macumba. Su cargo directivo en esta empresa podría estar en el alambre tras la sentencia que le condena a cuatro años de prisión.