Cuatro contratos en Leganés bajo la sombra del 'caso Aparcamientos'

Tras el estallido la pasada semana del último episodio del «caso Aparcamientos», en la actualidad política de Getafe –cinco ediles del PSM e IU, incluido el ex alcalde Pedro Castro se vieron obligados a dimitir tras verse incluidos en el auto de procesamiento–, el Gobierno municipal de Leganés anunció que procedería a investigar cuatro adjudicaciones de la pasada legislatura a la empresa Roblepark. Se trata ésta de la empresa implicada en el «caso Aparcamientos», y el alcalde de Leganés, Jesús Gómez, subrayó su total disposición a esclarecer cualquier sombra de irregularidad que hubiera podido producirse en relación con estos cuatro contratos durante la anterior legislatura, con el socialista Rafael Gómez Montoya como primer edil. «Investigaremos un poco más a fondo y adoptaremos medidas para ver las circunstancias de estas adjudicaciones», subrayó Jesús Gómez esta semana.

Los contratos a los que el actual alcalde se refirió, y que podrían estar, según se desprende de su intención de investigar, bajo sospecha, tienen que ver con adjudicaciones realizadas por la Empresa Municipal del Suelo (Emsule) a Roblepark S.L. Estas adjudicaciones se efectuaron, durante la etapa del PSM en el Gobierno, a través de una comisión ejecutiva de Emsule, integrada en ese momento por miembros del Partido Socialista y de Izquierda Unida. El primero de estos contratos es del 13 de diciembre del año 2002: Emsule adjudicó a Roblepark servicios de mantenimiento en el aparcamiento del recinto ferial. Con este contrato, la empresa implicada en el escándalo de Getafe logró percibir una renta anual de 122.166,24 euros durante cuatro años. Es decir, una suma de 488.864 euros. A ese contrato, además de Roblepark, concurrieron otras dos empresas que compartían administrador con la compañía finalmente adjudicataria. Tanto Roblepark como Merpro S.L. y Estudio 23 S.A. tenían como administrador a Joaquín Castillo Cantos, padre de Joaquín Castillo Teruel, imputado este último en el «caso Aparcamientos».

Los otros tres contratos a los que se refirió el alcalde de Leganés se adjudicaron en mayo de 2003. Resultó también adjudicataria la empresa Roblepark y volvieron a presentarse las compañías Estudio 23 y Merpro, administradas también por Joaquín Castillo Cantos. Con estas licitaciones, Roblepark pasaba a gestionar el mantenimiento de los aparcamientos públicos de Mercacentro, DCC Aniversario y Ramiro de Maeztu. Los tres contratos supusieron unos ingresos para Roblepark de 524.488 euros, que unidos a los del contrato de 2002, elevan los ingresos que ahora investiga el consistorio a más de un millón de euros, en concreto 1.065.430 euros.

Todos estas adjudicaciones –tanto la realizada en 2002 como las tres efectuadas un año más tarde– fueron fruto de concursos por invitación, esto es, a los que la administración en cuestión –en este caso, la Empresa Municipal del Suelo de Leganés– solicita a algunas empresas que se presenten al concurso. En el caso del concurso de 2002, en el que se adjudicó a Roblepark el mantenimiento del aparcamiento del recinto ferial –situado junto a La Cubierta de Leganés– sólo concurrieron tres empresas: Roblepark, Merpro S.L. y Estudio 23 S.A. Los concursos adjudicados en 2003, en los que se decidió el nombre de la empresas encargada del mantenimiento de los aparcamientos de Mercacentro, DCC Aniversario y Ramiro de Maeztu, además de las tres empresas con administrador común –Joaquín Castillo Cantos–, también concurrió IMAE S.L., compañía sin vinculaciones con las otras tres.

Se da además la circunstancia de que Joaquín Castillo Campos, padre del imputado en el «caso Aparcamientos», había sido inhabilitado para firmar contratos con la Administración Pública, tal y como consta en una resolución del Ministerio de Hacienda con fecha de 2 de junio de 2003 y publicada en el BOE dieciseis días más tarde. Esa inhabilitación, sin embargo, no impidió a Joaquín Castillo Campos firmar él mismo los contratos relativos a los aparcamientos de Mercacentro, DCC Aniversario y Ramiro de Maeztu el 21 de agosto de ese mismo año, apenas dos meses después de que Hacienda le prohibiera realizar este tipo de actuaciones.