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Cuatro multas por minuto
Más de la mitad del censo de automovilistas de la capital fue sancionado hasta mayo
Sólo en los cinco primeros meses de 2015 los conductores madrileños han recibido 891.877 denuncias de tráfico o, lo que es lo mismo, cuatro multas por minuto, colaborando a ingresar en las arcas del Ayuntamiento de Madrid 88.209.180 millones de euros. Estas cifras, facilitadas por Automovilistas Europeos Asociados, no hacen más que, según su presidente, Mario Arnaldo, certificar que el Consistorio de la capital «ha convertido las multas de tráfico en un impuesto más y ha creado, bajo la bandera de la movilidad y la seguridad vial, una maquinaria sancionadora que no respeta las garantías jurídicas de los ciudadanos».
El censo de conductores en Madrid asciende a 1.642.530 automovilistas de forma que, ateniéndonos a los datos, más de la mitad de ellos fueron multados hasta mayo. Un volumen de denuncias, asegura Arnaldo, «absolutamente desproporcionado y no se corresponde ni con el parque de vehículos que circula por Madrid ni con el censo de conductores».
Estacionamientos prohibidos (que suponen el 64,9% de las sanciones), exceso de velocidad (17,9%) y uso indebido de las áreas de prioridad residencial (14,10%) son, por este orden los tres tipos de infracciones de tráfico que copan el ranking de los automovilistas registrados en la ciudad. De ellas, el SER (estacionar sin distintivo, con distintivo no válido o rebasar el tiempo abonado), es, con 417.081 sanciones y 28.008.930 euros de ingresos por multas, la infracción en la que más caen los conductores en la capital. Y eso a pesar de que Arnaldo denuncia que hasta julio el Consistorio ha registrado 3.780 quejas por parquímetros fuera de servicio y 929 denuncias de que los cercanos tampoco funcionaban. Las estimaciones de la organización de defensa de los conductores es que en los siete primeros meses de 2015 «podrían haber dejado de funcionar el 30% de los parquímetros que debían estar operativos en Madrid, aproximadamente unos mil». Así, Arnaldo pide al Ayuntamiento «que precinte» aquellos terminales que no funcionan (aproximadamente un 30% no permite el pago con tarjetas) y «sancione a las empresas concesionarias del SER –y no a los conductores que no pueden pagar–, ya que corresponde a ellas la obligación de mantenerlos en buen estado y de arreglarlos en un plazo máximo de 48 horas, tal y como se establece en el contrato por el que los madrileños pagamos 800 millones de euros».
En los parquímetros los mayores problemas se produjeron a la hora de anular las denuncias. Así, Tetuán, Arganzuela y Chamberí fueron los distritos donde los automovilistas registraron un mayor número de anomalías en la zona SER. «Es importantísimo el número de denuncias que se formulan por incumplimiento del SER, aproximadamente el 65% del total de las que se formulan en Madrid, y especialmente aquellas relativas a estacionar sin distintivo que alcanzan la meteórica cifra de 40.000 mensuales», añadió Arnaldo.
Circular hablando por teléfono o sin el cinturón, motivos muy frecuentes de sanción durante los últimos años, caen según el informe de la AEA a los puestos 5 y 8, respectivamente, de la radiografía de las infracciones de tráfico más frecuentes por detrás de, por ejemplo, las denuncias impuestas en Madrid por saltarse un semáforo en rojo (9.024 denuncias), el 1% del total de multas y que se tradujeron en 1.804.800 euros de ingresos para la Administración municipal. Las multas por alcoholemias entre enero y mayo fueron la cuarta causa de sanción que más costó al bolsillo de los automovilistas de la capital con 2.247.500 euros correspondientes a 2.744 expedientes.
La organización en defensa de los conductores asegura que su denuncia sobre el «desproporcionado» número de sanciones está avalada por numerosas sentencias judiciales que han declarado no ser conforme a Derecho la actuación del Consistorio de la capital en la imposición «de cientos de miles de sanciones de tráfico». Por este motivo van a pedir a la alcaldesa Manuela Carmena una «amnistía de multas para empezar a perseguir a los infractores no con criterios recaudatorios sino de movilidad y seguridad».
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