Barbero lleva ante la Fiscalía la «caja B» de las cantinas policiales

«Una caza de brujas». Así definieron ayer desde los sindicatos policiales la posible «ilegalidad» descubierta por el actual equipo municipal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid encabezado por el concejal del área, Javier Barbero, y seguido por el director general de la Policía Municipal Andrés Serrano. Se trata de la gestión de tres cantinas situadas en sendas Unidades de Distrito que servían hasta hace dos días como lugar de descanso y para tomar algún refrigerio después de algún servicio. Según veteranos agentes, esos «bares» llevan ahí «casi toda la vida» pero el Gobierno de Ahora Madrid ha decidido cerrarlos por observar una «gestión económica opaca» en los mismos. Concretamente, el concejal Barbero habló ayer, en una rueda de prensa convocada exclusivamente por este motivo, de una supuesta «caja B». En lugar de seguir los cauces habituales para la investigación de este presunto fraude, el Gobierno de Manuela Carmena ha optado por enviar a la Fiscalía la documentación con la que contaban. Lo hizo ayer mismo. Los tres bares están situados en las unidades policiales de Escuadrón de Caballería (Puente de los Franceses), Atestados (calle Plomo) y la Unidad Especial de Tráfico (avenida Planetario) y solían ser atendidos por policías de mayor edad. «Estamos convencidos de que no había ánimo de lucro entre los agentes, pero nuestro compromiso con la trasnparencia y la legalidad es másximo, por eso hemos puesto luz y taquígrafos en el asunto», subrayó ayer Barbero, quien se refirió al asunto como «contabilidad B».

Los beneficios obtenidos los destinaban para «coronas de flores para compañeros fallecidos, fiestas de San Juan, repostajes indebidos y demás gastos que no pueden abonarse con cargo al presupuesto pero que, por motivos que la Dirección General consideraban justificados, debían abonarse», según los propios responsables del Área. De hecho, según explicó ayer el Director General de la Policía, Andrés Serrano, descubrieron la «alegalidad», porque les preguntaron si el «ágape para celebrar el 25 aniversario de la Unidad de Tráfico lo pagaban con lo del bar». Entonces descubrieron esta supuesta contabilidad alegal. Y es que, según explicaron en un comunicado, «los beneficios están supuestamente ubicados en una caja fuerte en la Subdirección general Económico-Administrativa de la Dirección general de la Policía».

Barbero hizo ayer hincapié en que «son necesarios» lugares de descanso para los policías, «pero se pueden ofrecer dentro de la estricta legalidad». Por eso, han instalado, mientras se resuelve el problema, un servicio de «vending» en las mismas instalaciones; es decir, máquinas con cafés, sándwiches y dulces. De hecho, ayer expresaron su voluntad de restablecer el servicio a medio plazo mediante la convocatoria de un concurso público.

Lo que han criticado los agentes no es que les dejen sin bar por unas semanas ni que se estudie si este método podría ser ilegal, sino las formas. «Es inaudito que se acuda a la Fiscalía. Es entrar en una guerra política de forma clarísima porque para eso tenemos un departamento de Gestión Disciplinaria», aseguran desde el sindicato CPPM. Su portavoz, Julián Leal, insiste en que «si hay responsabilidades administartivas o penales es el propio instructor quien emite un informe para que se abran diligencias a a autoridad judicial. Vamos, como se ha hecho toda la vida. Es una cuestión totalmente interna», aseguró.