El Canal post «Lezo» venderá todas sus filiales en Latinoamérica

La Asamblea aprueba modificar la ley para evitar la entrada de capital privado en la entidad, que mantendrá sus tarifas congeladas toda la legislatura.

El Canal de Isabel II cerrará paulatinamente todas sus filiales en Latinoamérica y mantendrá únicamente las actividades relacionadas con la consultoría, ingeniería y asistencia técnica relacionadas con el ciclo del agua, que es donde la empresa pública madrileña puede aportar un valor añadido por su experiencia en estas cuestiones. Así lo anunció ayer el consejero de Presidencia y Justicia y presidente del Canal, Ángel Garrido, durante el debate monográfico en el pleno de la Asamblea de Madrid solicitado por el PSOE tras destaparse la trama de la «operación Lezo» en el que, además, adelantó que la tarifa del agua quedará congelada lo que queda de legislatura.

La venta de las filiales, que ya adelantó la semana pasada que se sometería a la valoración del Consejo de Administración del Canal, se ha tomado después de un «proceso de reflexión estratégica sobre su presencia internacional». De este modo y tal y como se inició el pasado marzo con las empresas filiales de la compañía madrileña de agua que no tenían actividad, se procederá a un proceso de desinversión «ordenado, transparente y que asegure la obtención de la mayor rentabilidad posible para los madrileños», aseguró Garrido.

Para evitar la pérdida de patrimonio del Canal durante las liquidaciones, disoluciones y ventas de las sociedades latinoamericanas, el consejero de Presidencia detalló que el Canal de Isabel II va a contratar a un asesor financiero externo para que proponga las alternativas de desinversión, realice un calendario, y valore cada uno de los negocios, entre otras cuestiones relacionadas con el proceso. Asimismo, Garrido anunció que presentará un proyecto de Ley «para garantizar el carácter 100% público de la sociedad anónima Canal de Isabel II», y que modificará la Ley 3/2008 que permite la entrada de capital privado en la empresa madrileña. Una ley muy similar a la presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos el pasado martes. Sin embargo, se mantendrá el carácter mercantil de la sociedad y no se revertirá a la situación anterior de ente público, como reclaman los grupos de PSOE y Podemos en otro proyecto de ley que presentaron hace dos semanas. Todas ellas tendrán que someterse a la toma en consideración de la Asamblea de Madrid, si bien el portavoz del PP, Enrique Ossorio, reconoció que su propuesta encaja con la de Ciudadanos, aunque consideró «prematuro» hablar de acuerdos.

De hecho, después de un intenso debate sobre la situación de la empresa madrileña y la implicación del anterior Ejecutivo de la Comunidad de Madrid en inversiones supuestamente fraudulentas en América Latina, se aprobaron 25 resoluciones de los grupos políticos que, en algunos aspectos se contradecían entre sí, ya que salieron adelante iniciativas de PSOE a favor del ente público y otras del PP que reclaman mantener la sociedad anónima, entre otras.

Y es que la votación de las resoluciones fue especialmente caótica, con votos distintos dentro del grupo de Ciudadanos que se confundieron sobre su posición en una de las resoluciones de Podemos –«cosas del directo», justificó el diputado de la formación naranja César Zafra–, y hubo despistes con votos en contra en una resolución que todos apoyaron por unanimidad. Finalmente, todas las resoluciones, salvo una de Podemos que fue retirada y otra de Ciudadanos (sobre que el cese de actividades del Canal fuera de Madrid fuese gradual) que fue rechazada, fueron aprobadas. Así, PSOE y Podemos sacaron adelante «la devolución del dinero desviado fraudulentamente y que el PP sea considerado responsable subsidiario de lo sucedido» y la reclamación de Ciudadanos de que el Canal no pueda crear sociedades de capital sin la autorización del Consejo de Gobierno, entre otras.