El ex consejero Prada, imputado por el Campus de la Justicia

El juez le investiga por delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

La investigación por las supuestas irregularidades en el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid (CJM) sigue su curso. El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado a Alfredo Prada, ex consejero de Justicia, por delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y otros. Sobre su mesa están los contratos por valor de 355,5 millones de euros, de los cuales 324,7 correspondían para diferentes construcciones de este campus. Se llegaron a pagar 91,7 millones, aunque sólo se levantó un edificio: el Instituto de Medicina Legal.

En su auto también llama a declarar como investigados a tres técnicos de la Comunidad de Madrid: Isabelino Baños, Mariano José Sanz y Alicia de las Heras. A la vista de los contratos, los cuatro deben ser interrogados como responsables del desarrollo económico y contractual de la sociedad en el periodo en que prestaron sus servicios. Según De la Mata, el proyecto «no seguía ningún criterio de racionalidad económico-organizativo» y presentaba «un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal sumamente débil». En el auto, detalla que todos los puestos de trabajo «se cubrieron con personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados».

El magistrado distingue dos etapas: una hasta 2008 y otra a partir de ese año. En 2006, Prada y los tres técnicos formaron parte de una Mesa de Contratación permanente constituida. De la Mata señala que no se estableció un sistema de control interno sólido en materia de contratación. Además, desde septiembre de 2009 a diciembre de 2010 no existe en los archivos de la empresa «ningún tipo de facturas que demuestren la realidad de los gastos efectuados». También destaca, «a modo ilustrativo», que «en la realización de ampliaciones de capital efectuadas por el Campus de la Justicia, no se ha podido disponer de ni de un solo documento original».

Tras conocer la noticia, el PP aseguró ayer que sólo actuará en el caso de Prada si abren juicio oral, ya que en este momento «no ocupa ningún cargo público», informaron a Ep fuentes de la formación. Así, se han remitido a los estatutos del PP, que especifican que, «hasta que no se haya dictado un auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción, no se procederá a suspenderle provisionalmente afiliación, precisamente para garantizar todos sus derechos».

Por su parte, desde la Comunidad de Madrid reiteraron, «como no puede ser de otra forma», su respeto absoluto a las actuaciones judiciales y su confianza en el trabajo de la Justicia. Asimismo, fuentes del Gobierno regional recordaron que colaboran de manera «plena» en todos los requerimientos que los tribunales les han realizado sobre el Campus de la Justicia.