El juez envía a prisión sin fianza a José Luis Aneri

El Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ordenó ayer la prisión provisional, comunicada y sin fianza de José Luis Aneri por los presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad y estafa, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Aneri está acusado de haber defraudado más de 2,6 millones de euros cobrando dinero para realizar cursos de formación a distancia destinados a organizaciones empresariales.

Según estas mismas fuentes, el imputado se habría acogido a su derecho constitucional a no declarar durante el interrogatorio del juez. Aneri fue detenido el pasado jueves en su domicilio de Madrid y el asunto se encuentra bajo secreto de sumario, siendo el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid sobre el que ha recaído la responsabilidad de investigar los hechos.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid reclamó esta semana la devolución de un total de 4,4 millones de euros por un posible fraude en la gestión de fondos de formación relacionados con 35 asociaciones empresariales y profesionales. Del total supuestamente defraudado, se ha comprobado que 2,6 millones reclamados corresponden a presuntas irregularidades vinculadas a actividades de la empresa Sinergia Empresarial Avanzada SL, propiedad del empresario y que impartía muchos de los cursos contratados por estas asociaciones. Además, otros 11 millones en ayudas para cursos de formación supuestamente defraudados por el empresario José Luis Aneri fueron concedidos por el Ministerio de Trabajo

Por su parte, las pesquisas policiales continúan para tratar de determinar la identidad de el resto de personas que pudieran estar implicados en los hechos. En concreto, la Policía sigue el rastro del dinero estafado en cursos que se realizaban por Internet. Aneri sería la persona de contacto para pedir y tramitar las ayudas, dentro de un entramado de empresas creadas a tal fin.

El presidente regional, Ignacio González, mostró su sorpresa el pasado viernes porque el caso se esté focalizando en la Comunidad de Madrid cuando «la inmensa mayoría de los recursos» del supuesto fraude los ha aportado la comisión tripartita, formada por el Ministerio de Trabajo, empresarios y sindicatos. González pidió a éstos explicaciones sobre las actuaciones que han llevado a cabo para esclarecer lo sucedido por ser los «más afectados» del robo.