El PSOE anula los radares a tres meses de las elecciones

La oposición fuerza al Gobierno local a rescindir el contrato con la empresa que gestiona las multas.

El Ayuntamiento socialista de Parla privatizó en 2014 los radares de tráfico y el servicio de gestión de multas. El por entonces alcalde del municipio José María Fraile justificó esta nueva externalización en la necesidad de cobrar las sanciones impuestas a los conductores parleños: en 2011 y 2012, el consistorio sólo fue capaz de cobrar uno de cada cuatro euros reclamados, es decir, únicamente el 24% de las multas. Se encomendó entonces, tras una adjudicación que no contó con el visto bueno de los técnicos, la gestión del tráfico a una empresa privada –Bilbomática S. A.–, que, según los pliegos del contrato, pasaba a cobrar el 80% de lo recaudado. El culebrón vivió ayer un nuevo episodio con la decisión del Pleno municipal, incluidos los concejales socialistas, de suspender temporalmente el contrato. El Ejecutivo local también aseguró que solicitará la revisión de las multas puestas hasta la fecha.

De esta forma, Parla vuelve a ser a partir de hoy una ciudad libre de radares a poco menos de tres meses para las elecciones municipales. La suspensión cautelar del contrato aprobada por unanimidad por los concejales deberá ser ratificada, según anunció la alcaldesa, Beatriz Arceredillo, por la Junta de Gobierno local, que procederá a una «suspensión definitiva». La intención del Ayuntamiento es que el servicio sea remunicipalizado y gestionado de forma pública. El concejal de Seguridad, José Luis Isabel, aseguró ayer que los «radares no han servido» para lo que fueron instalados y reconoció que una junta de Gobierno que tendrá lugar «lo antes posible» rescindirá el contrato ya que «la empresa no ha cumplido el objetivo». El PP solicitó ayer la dimisión del edil de Seguridad.

La posición de los concejales socialistas contra la privatización de los radares contrasta con la que ellos mismos sostuvieron hace ahora un año. Cuando el Gobierno municipal, todavía con Fraile a la cabeza, defendió la necesidad de implantar este plan de seguridad –que, según el alcalde, había sido solicitado por los vecinos de tres barrios– todos los ediles, incluida la alcaldesa, lo avalaron. Arceredillo también votó en un pleno en contra de la moción presentada por el Partido Popular y por UPyD para que fuera anulada la adjudicación del servicio. Estos dos partidos de la oposición argumentaron entonces que el consistorio tenía el personal suficiente para efectuar la labor de la empresa y que su privatización sólo serviría, como los hechos posteriormente han demostrado, para multpilicar el número de multas impuestas.

La decisión adoptada ayer de suspender cautelarmente el contrato con la adjudicataria se adoptó a raíz, de la proposición del PP de establecer medidas disuasorias ante el brutal aumento de las multas registrado desde hace meses. El PP proponía revisar los procedimientos utilizados por la empresa y revisar los expedientes de multas impuestas hasta ahora. Izquierda Unida y UPyD presentaron una moción de sustitución a la proposición del PP en la que reclamaban la suspensión finalmente acordada por unanimidad. El portavoz de los populares, Miguel Ángel López, aseguró que «el PSOE de Parla, con su alcaldesa a la cabeza, ha reconocido hoy que llevan meses abusando del bolsillo de los parleños con los radares que este mismo PSOE se empeñó en imponer». López también subrayó que «ahora, después de meses machacando a multas a los vecinos, pegan el cambiazo y se suman al resto de grupos que llevamos un año denunciando este abuso. No se puede tener más cara que este PSOE, porque sólo han rectificado cuando la oposición, los medios de comunicación y los propios vecinos han puesto el grito en el cielo».

El portavoz del PSOE y candidato socialista a las elecciones autonómicas, Pablo Sánchez, también defendió que lo más procedente es una «suspensión cautelar del contrato» debido a que podría haber algunos incumplimientos, pues aún no se ha elaborado un plan de movilidad y no se ha cumplido el objetivo, «que no era recaudar».

La rectificación del grupo socialista y del Gobierno municipal llega después de que el incremento en la tramitación de multas –ha habido semanas en las que se han llegado a poner 225 al día– desatara la indignación de los vecinos. Algunos de ellos llegaron a trasladar su malestar a la propia Arceredillo. Así ocurrió tras el último pleno extraordinario, cuando varias personas se acercaron hasta la primera edil a la puerta del salón para pedirle explicaciones. Arceredillo les aseguró entonces que no tenía ninguna culpa y que incluso había intentado quitar esta medida. Ayer, se vio obligada a hacerlo.