«Embestida» judicial de los padres del IES San Fernando por los Menas

«Afecta a nuestros hijos y vamos a mover lo que haga falta y más», advierten los padres del Instituto San Fernando, situado en la carretera de Colmenar.

«Afecta a nuestros hijos y vamos a mover lo que haga falta y más», advierten los padres del Instituto San Fernando, situado en la carretera de Colmenar. Desde hace unas semanas se han rebelado contra la decisión de la Comunidad de Madrid de trasladar a menores extranjeros no acompañados (Menas) a una residencia situada en el recinto del instituto en el que estudian 700 alumnos. Ayer llegaron los cinco primeros cuando nadie lo esperaba. «Nos percatamos de lo que estaba ocurriendo cuando empezamos a ver movimiento de camiones y comida», explica Antonio Santofimia, uno de los padres.

Su «revuelta» se ha convertido en una verdadera embestida judicial contra la Comunidad de Madrid. Primero, a finales de noviembre empezaron por recurrir a la Fiscalía para que paralizase la reubicación de estos menores inmigrantes en el recinto educativo con el argumento de que «atenta contra los derechos de nuestros hijos». Los padres ven necesaria una correcta atención a los menores extranjeros (a los que se pretende dar una primera acogida por unos días hasta ver su ubicación definitiva), pero también exigen que «no nos trasladen un problema que debe resolver Asuntos Sociales. Se pisotean nuestros derechos mientras se traslada a los menores cuando son niños que tienen necesidades especiales a los que se debe dar una alternativa diferente a un instituto», añaden.

Después, los padres también interpusieron varias demandas por prevaricación contra varios consejeros y el presidente de la Comunidad de Madrid. Además, han presentado un recurso contencioso contra la orden de desabscripción de la residencia ubicada en el interior del instituto (de Educación a Asuntos Sociales), en el que se pide la medida cautelar de paralización del traslado a la residencia de Menas. El Juez ha decidido admitirla a trámite, lo que significa que la Comunidad tiene diez días para hacer alegaciones. Los padres entienden que «hasta que el juez no resuelva, no pueden entrar los menores». Por eso, cuando ayer vieron entrar a los cinco primeros enviaron un escrito urgente a la sala de lo contencioso poniendo en conocimiento lo ocurrido.

Los padres entienden que «la situación de los alumnos y la de los Menas son dos mundos que no se pueden mezclar».