Enfermería amenaza con salir a la calle si se aprueba la ley de farmacia

El anteproyecto permite abrir 24 horas y visitar a domicilio. Nueve entidades se unen para denunciar el intrusismo y la «privatización» que favorecería esta norma.

«Si la tramitación de la norma sigue adelante, no descartamos movilizarnos en la calle e, incluso, impugnar la norma autonómica ya que contravendría la ley estatal», dice tajante Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería, tras la presentación ayer de un manifiesto en contra de la Ley de Farmacia que está tramitando la Comunidad de Madrid y que permitirá, si se aprueba el texto actual, a los boticarios abrir 24 horas, así como atender a domicilio. «¿Cómo se le puede permitir a un farmacéutico que haga el seguimiento de un diabético o de un paciente anticoagulado? No tiene la formación para ello», insiste Ayuso.

El documento presentado lo han suscrito nueve organizaciones que agrupan tanto a los enfermeros, como a pacientes y al sindicatos de médicos de Madrid. Es más, denuncian que la norma es una «privatización encubierta».

Así, a través del manifiesto, las organizaciones han criticado que en la elaboración de la normativa no se haya contado ni con la participación, ni el consenso, de todos los agentes implicados, como son «todos» los colectivos de profesionales sanitarios, y no sólo farmacéuticos, así como los agentes sociales y los pacientes.

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSP), Marciano Sánchez Bayle, recordó que los farmacéuticos tienen una cualificación «muy determinada» y que este anteproyecto de ley puede suponer «varios riesgos» como, por ejemplo, la intrusión en las competencias de otros profesionales por parte de los farmacéuticos, la «descapitalización» de la Atención Primaria y el fácil acceso de empresas a la asistencia sanitaria de los ciudadanos.

Por todo ello, las organizaciones han solicitado a la Administración fortalecer la Primaria y no destinar unos fondos públicos para que los farmacéuticos, u otros trabajadores «empleados por ellos» a través de establecimientos privados como las oficinas de farmacia, realicen actividades sanitarias que ya hacen médicos y enfermeros en el ámbito público.

Pese a todo, los firmantes aseguran que sus reivindicaciones no suponen una «guerra» contra los farmacéuticos.