Flores vuelve a esquivar la cárcel rodeado de polémica

Por segunda vez, Miguel Ángel Flores ha eludido la mano más dura de la Justicia. Tras su detención el pasado viernes a mediodía, logró que el juez de guardia le dejase ayer en libertad sin fianza en una decisión no exenta de polémica. Estuvo encarcelado en la comisaría de Moratalaz apenas unas horas, puesto que fue liberado el mismo viernes por la noche. La reacción de las familias de las víctimas ha sido de sorpresa e indignación, mientras que fuentes jurídicas defendían la actuación del juez de guardia ante una detención «difícil de justificar».

El principal acusado por la muerte de cinco jóvenes durante una avalancha en una macrofiesta en el Madrid Arena la noche de Halloween de 2012, fue arrestado el viernes sobre las tres de la tarde en su gimnasio, el Castellana Sports Club, junto a la estación de Chamartín. La orden de arresto procedía del juez Eduardo López-Palop, que instruye el «caso Madrid Arena» y se fundamentaba en que el empresario no había acudido al juzgado a firmar el día 8, a lo que estaba obligado por las condiciones de su libertad bajo fianza.

En diciembre de 2012 Flores fue detenido por primera vez debido a los indicios hallados en la investigación del caso de que había vendido más del doble de las entradas permitidas por el aforo del recinto de la Casa de Campo. Entonces, el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid decretó su prisión provisional eludible con una fianza de 200.000 euros, cantidad que fue depositada por un socio del empresario en apenas un par de horas. Sin embargo, para eludir la cárcel, el propietario de Diviertt –empresa que organizó la fiesta de Halloween– debía presentarse en el juzgado los días 8 y 22 de cada mes. Algo que no hizo el pasado jueves.

Según aseguró ayer en un comunicado Diviertt, Flores sí había acudido al juzgado, pero el día 9. Una acción que incumple la medida cautelar al no ser el día fijado por el juez, pero que «había hecho otras veces», sin ser sancionado por ello. Quizás por la reiteración de este incumplimiento fue por lo que López-Palop decidió el mismo día 9 ordenar la detención del empresario de modo que, además, pasase el fin de semana en la cárcel, puesto que en la misma orden de detención le había citado para que justificase su ausencia el próximo lunes, 12 de mayo.

Sin embargo, tras ser detenido, Flores avisó a su abogado de que, según el comunicado de Diviertt, solicitó un Habeas Corpus para que pasase inmediatamente a disposición judicial. El juez de guardia, Juan Antonio Toro Peña, titular del Juzgado de Instrucción número 36, decidió abrir unas diligencias previas por un presunto delito de quebrantamiento de medida cautelar y decretar a su vez la libertad provisional sin fianza del detenido con la prohibición de abandonar Madrid hasta que comparezca ante López-Palop. De este modo, Flores quedó libre.

La decisión del juez de guardia ha desatado una polémica entre las familias de las víctimas del Madrid Arena y también entre los distintos estamentos judiciales. Las acusaciones particulares hablan de «invasión de competencias», de «indignación» y de «gravísima irregularidad»; mientras que distintas fuentes jurídicas se sorprenden o justifican la medida de Toro. Así, para María José Siñériz, abogada de la familia de Cristina Arce, el juez de guardia «o no conoce el Derecho Procesal o le da lo mismo lo que diga el juez que lleva el caso», y apuntó a que podría estar cometiendo una «gravísima irregularidad». Más allá va Abdón Núñez, letrado de la familia de Belén Langdon, que considera que Toro está realizando una «invasión de competencias» del magistrado que lleva el «caso Madrid Arena» puesto que no sabe si la orden de detención contra Flores «viene motivada por su no personación unida a otra serie de circunstancias».

¿Una corrección entre jueces?

Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por este periódico se manifestaron de distintas maneras respecto a la encarcelación y posterior liberación de Flores. Así, mientras que unos consideraban que era sorprendente y respaldaban la teoría de la invasión de competencias, puesto que no era necesario abrir una diligencia previa al haber una orden judicial para su arresto, otros señalaban que el error partía de la orden de detención dictada por López-Palop, puesto que podría vulnerar los derechos del empresario que sí había firmado su comparecencia en el juzgado aunque fuese al día siguiente al que estaba obligado en las medidas cautelares. Puesto que la orden de arresto supuestamente después de que el propietario de Diviertt hubiese cumplido con su presentación en el juzgado –según asegura el comunicado de la empresa–, el titular del Juzgado número 51 no tendría justificación para su encarcelamiento y, en base a ello, el juez de guardia no tenía más remedio que decretar su libertad provisional sin fianza.

Las familias de las víctimas y el sindicato Manos Limpias ya han anunciado que pedirán su ingreso en prisión incondicional, revocando su fianza, el próximo lunes tras escuchar su declaración ante López-Palop. En cambio, fuentes jurídicas adelantaron que la Fiscalía no va a pedir su encarcelamiento.