Garrido entra en la pelea por Madrid Central

Exige a la alcaldesa que paralice el inicio de las restricciones de tráfico hasta acordar un plan de movilidad.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, entró ayer de lleno en la polémica por la puesta en marcha de la nueva Área de Prioridad Residencial (APR) en el distrito Centro, Madrid Central. Después de semanas de polémica entre comerciantes y otros sectores, que se han unido en una plataforma para reclamar soluciones a los problemas que les genera la nueva APR; vecinos, que se han puesto del lado del consistorio en la restricción del tráfico y el Ayuntamiento, Garrido anunció ayer que exige a la alcaldesa, Manuela Carmena, que «suspenda con carácter inmediato» la entrada en vigor de Madrid Central hasta que aporte informes técnicos que detallen qué efectos tendrá el cierre del tráfico sobre los vecinos, comerciantes, empresas e instituciones.

Además, el presidente regional ha pedido a la consejera de Transporte, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, que solicite una reunión de la Comisión Delegada del Consorcio Regional de Transportes «con carácter extraordinario y monográfico» sobre Madrid Central para que en el consistorio aporte todos los informes técnicos sobre las afecciones la movilidad y el transporte público que, según aseguró Garrido, no han remitido aún a la Comunidad.

Una reclamación que ha obtenido el respaldo casi automático del PP, tanto en el grupo parlamentario en la Asamblea, donde el portavoz Enrique Ossorio consideró una «irresponsabilidad» y un «capricho» que Carmena ponga «un cerrojazo» al tráfico en el centro de la capital sin consensuar con la Comunidad de Madrid un plan alternativo de movilidad; como en el PP de Madrid, donde la portavoz, Isabel Díaz-Ayuso ha apoyado la iniciativa de Garrido de pedir la paralización de Madrid Central. «Se trata de un proyecto improvisado que se pondrá en marcha el próximo 23 de noviembre de forma autoritaria», criticó la portavoz.

Al carro de las exigencias al consistorio madrileño también se subieron ayer desde Ciudadanos, puesto que Begoña Villacís se reunió con la Plataforma Acceso Familias (PAF) que igual que han hecho comerciantes y transportistas entre otros sectores afectados, aglutina a una veintena de asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de colegios dentro del APR de Centro. Junto a ellos, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid reclamó a Carmena que «no se implante Madrid Central hasta que no se despejen todas las incógnitas que genera el proyecto».

Conflicto político

En cambio, desde el grupo socialista en el consistorio, la portavoz, Purificación Causapié criticó el uso político de una medida de protección del medio ambiente. «Le pediría al Gobierno regional que se dedique a hacer políticas en favor de la calidad del aire y de la salud de los madrileños en lugar de utilizar este tema para generar un conflicto político», acusó. Sin embargo, también reprochó a Carmena que no haya puesto en marcha Madrid Central el 1 de enero de este año tal y como había acordado con el PSOE y consideró que el Gobierno municipal debería haberse sentado con todos los actores implicados para implementar las medidas de mejora que requiere el proyecto.

También en el grupo parlamentario de Podemos, la portavoz Clara Serra responsabilizó tanto al PP como a Ciudadanos de «querer torpedear y boicotear» al Ayuntamiento de Madrid con la implantación del Área de Prioridad Residencial en el distrito Centro al hablar de «apocalipsis». Serra reprochó a la formación naranja de estar «anteponiendo sus intereses electorales» y reclamó a Garrido «aprender más sobre Europa y sobre la directiva europea sobre la calidad del aire, que parece que está llamando a desobedecerla».

Como era de esperar, la reclamación de Garrido no sentó muy bien al equipo de Gobierno de Carmena. Así, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, dio la bienvenida a la petición de una reunión del Consorcio, «que llevamos cuatro meses solicitando». Igualmente, recomendó al Gobierno regional, que «lo importante, para que no se despisten, es que la Comunidad garantice y concrete su capacidad para los refuerzos de Metro», desde el Viernes Negro de las rebajas, pasando por el puente de la Constitución y toda la campaña navideña.

Al respecto, el presidente regional apuntó que todas las medidas de movilidad que ha puesto en marcha Carmena han provocado atascar la capital y disminuir el transporte en superficie, lo que ha llevado a que Metro tenga unos 277.000 pasajeros más al día que a principios de la legislatura, mientras que EMT no puede absorber más pasajeros sin incorporar un centenar de vehículos a la flota, según los datos elaborados por la Comunidad. Por su parte, Garrido explicó que se van a contratar cien nuevos conductores de Metro a principios de 2019 y se comprarán 60 nuevos trenes con una inversión de 700 millones de euros. Medidas que pueden ser insuficientes si el Ayuntamiento «toma decisiones sin basarse en informes técnicos sobre el transporte público y sin planificar los efectos en la movilidad», añadió. Además, advirtió de que no descarta «ninguna medida» si el equipo de Carmena no paraliza la puesta en marcha de Madrid Central.

Esta obligación cuenta con tres excepciones: los vehículos cero emisiones; los destinados a servicios sanitarios, así como Policía, Agentes de Movilidad, Bomberos y Grúa Municipal; y una tercera excepción relacionada con las altas temperaturas que se alcanzan en Madrid en verano. Del 1 de mayo al 30 de septiembre se permite permanecer con el motor encendido por el aire acondicionado. El incumplimiento conlleva una multa de 100 euros.

ZONAS DE APARCAMIENTO VECINAL (ZAV)

Se incluye uno de los anuncios del Ayuntamiento: la creación de zonas limítrofes con la SER (Servicio de Estacionamiento Regulado) donde los residentes ya sufren problemas para aparcar porque otros ciudadanos dejan su vehículo en estas áreas donde no tienen que pagar parquímetro. Así, será el pleno del distrito el que aprobará dicha zona.

SANCIONES DE ENTRE 100 Y 3.000 EUROS

En el apartado de sanciones que se recogen al final de la ordenanza se incluyen tres tipos de multas: muy graves, graves y leves. Por ejemplo, como muy grave se considera utilizar autorizaciones falsificadas y conllevaría una sanción de entre 1.001 y 3.000 euros. Grave será aparcar de forma indebida en los aparcabicicletas y tendrá que abonar entre 101 y 1000 euros. Un incumplimiento leve será utilizar un tarjeta caducada, por lo que tendrá que pagar un máximo de 100 euros.

LAS «BICIBIRRAS» PODRÁN CIRCULAR POR LA CALZADA

Aunque inicialmente el Ayuntamiento planeaba prohibir las «bicibirras» (bicicletas múltiples con una barra en medio en la que se bebe cerveza) y las bicicletas que transportasen a más de dos personas, la ordenanza permite la circulación libre de estos vehículos con hasta cinco ocupantes. Si se supera este número, se deberá pedir una autorización singular.

MENORES DE 12 AÑOS PODRÁN USAR LA BICI EN LA ACERA

Exclusivamente los menores de 12 años podrán circular en bicicleta por las aceras y zonas peatonales, pudiendo ir acompañados por una persona adulta a pie. «En ningún caso las personas mayores de 12 años podrán circular por las aceras y zonas peatonales, salvo en aceras bici por la zona señalizada a tal efecto», determina la ordenanza. También se incluye la posibilidad de giro a la derecha con semáforo en rojo siempre que esté señalizada. Asimismo, también se permitirá la circulación en ambos sentidos en calles residenciales (aquellas con velocidad de 20 km/h o inferior) y ciclocalles, así como en la red viaria local cuando estén «específicamente» señalizadas a tal efecto.

LOS PATINETES NO PODRÁN «ZIGZAGUEAR»

Los patines y patinetes sin motor, incluyendo monopatines, podrán circular por las aceras y demás zonas peatonales a una velocidad adaptada al paso de personas, que no exceda de los cinco kilómetros por hora «y sin circular en zizag». Por aceras bici y sendas ciclables deberán ir a una velocidad que no supere los 10 kilómetros por hora; por pistas-bici y ciclocalles exclusivas para la circulación de bicicletas y por carriles bici protegidos o no (en este último caso solo mayores de 16 años o menores acompañados, con casco y elementos reflectantes).

También podrán circular en parques, por aquellos itinerarios en los que esté permitida la circulación de bicicletas, y al ser estas sendas compartidas con el peatón se limita la velocidad a 5 kilómetros por hora. En cualquier caso, los peatones «siempre» tendrán prioridad.

REFUERZO DEL SECTOR DEL TAXI Y NO DE LAS VTC

A lo largo de toda la ordenanza de movilidad se refleja que el servicio público de taxi cuenta con más privilegios que los coches con conductor. Así, los primeros pueden detenerse en el carril bus para recoger o dejar clientes, mientras que empresas como Uber o Cabify no podrán hacerlo. Estos últimos tampoco podrán circular libremente por Madrid Central, mientras que los taxistas sí.