Gloria, la tercera víctima de la caída de las ramas

Pedro Navarro y su mujer, Gloria, actualmente ingresada en una residencia
Pedro Navarro y su mujer, Gloria, actualmente ingresada en una residencia

La esposa del segundo hombre que falleció aplastado por un árbol, en Santa Eugenia, pleitea ahora para lograr la indemnización.

El pasado 8 de septiembre, poco antes de las diez de la noche, la caída de la rama de un árbol en la confluencia de la calle Virgen de las Viñas con la avenida del Mediterráneo acabó con la vida de Pedro Navarro cuando éste regresaba a casa. Los sanitarios del Samur no pudieron hacer nada por salvar la vida de este vecino de 72 años del barrio de Santa Eugenia, ya que el traumatismo cranoencefálico que le provocó el violento impacto de la rama era mortal. Pedro se convertía así en el segundo fallecido en pocos meses por la caída de un árbol en la capital.

Su desgracia, sin embargo, no se quedó ahí y su familia ha visto cómo en estos meses se han ido sucediendo nuevos episodios en su particular calvario frente a la Administración. Gloria, la viuda de la víctima, está ingresada en una residencia de ancianos en Usera. Sufre la enfermedad de Alzheimer en un estado avanzado y la trágica muerte de su marido tuvo una consecuencia tan inmediata como inesperada: al pasar a ser la titular de la pensión de viudedad de su marido, cambiaron los baremos que fijaban la cantidad que debía abonar por sus cuidados. De esta forma, pasó de pagar 600 euros mensuales a casi el doble, 1.100 euros, por su estancia en la residencia. La situación en ese momento, tal y como subrayan los hijos del matrimonio, se volvió «insostenible porque mi padre era el que pagaba con su pensión los gastos de la casa». Paralelamente, la familia inició un tortuoso camino para intentar esclarecer qué había sucedido aquella noche y quién era el culpable de la muerte de Pedro. «En un primer momento, el Ayuntamiento nos llamó y se mostraron muy predispuestos. El seguro del consistorio también contactó con nosotros. Nos contaron que no tenían intención de llegar a juicio, sino de alcanzar un acuerdo económico, aunque es evidente que la muerte de un padre no se paga con dinero», relata Tony, uno de los hijos. La realidad, sin embargo, ha conducido a las dos partes a un proceso judicial que continúa abierto.

Los familiares presentaron una denuncia ante un juzgado madrileño por homicidio imprudente. El abogado de la familia, Carlos Cifuentes, fundamenta esta acusación en el hecho de que el presidente de la asociación de vecinos de Santa Eugenia había denunciado ante las autoridades municipales el deterioro que sufrían los árboles de esa calle.

Una mala tala

Con la denuncia, argumenta el abogado, «la familia quiere saber quién es el culpable, y hay dos posibilidades: si es culpable el que realizó mal la tala de ese árbol o el responsable que lo permitió». Poco ayuda a resolver esta duda el informe de los técnicos municipales que se ha presentado al juez y en el que se determina que la rama –de 80 centímetros de perímetro y 25 de diámetro– fue talada de forma incorrecta hace seis años, lo que provocó que se pudriera en su interior como consecuencia de un hongo. Debido a esta circunstancia, concluye el informe, su mal estado no podía apreciarse desde el exterior por parte de los empleados que la habían revisado sólo unos días antes del accidente, el 19 de agosto. «Nosotros tenemos claro que ha sido algo fortuito, no premeditado, pero es algo que no debería haber ocurrido», asegura Tony.

En los primeros contactos con la compañía aseguradora, la familia realizó una estimación de lo que ellos consideraban una indemnización razonable.

Pidieron 400.000 euros, en base a los gastos que deben afrontar derivados del cuidado de la viuda de la víctima y en función también de su esperanza de vida. El portavoz y abogado de la familia asegura que, «en un primer sondeo con la compañía, una tramitadora le planteó si retirarían la acción penal en el caso de que se accediera a abonar esos 400.000 euros. Sin embargo, nunca llegaron a realizar «una oferta vinculante».

«El Ayuntamiento y la aseguradora plantean una indemnización en base al baremo que se suele pagar a una víctima de un accidente de tráfico, que está entre los 200.000 y los 250.000 euros», apunta Tony. De momento, el único paso dado por esta parte es consignar 180.000 euros en el juzgado con los que hacer frente a la indemnización que finalmente fije el juez. «Con el depósito de esta cantidad se paraliza automáticamente el cómputo y, por tanto, el incremento de los intereses», asegura el abogado.

La cantidad consignada representa el 80% de la indemnización fijada para un accidente de tráfico, pero de momento los hijos del fallecido han decidido continuar adelante con el proceso para conocer, hasta dónde se pueda, las circunstancias que rodearon este suceso y depurar las responsabilidades oportunas. Ocho meses después del accidente, sin embargo, la resolución de la causa parece aún lejana. La defensa de la familia ha solicitado al juez la declaración de nuevos testigos, como los jardineros que realizaron las labores de inspección. De momento, el Ayuntamiento no se ha personado en el proceso.

A la espera de que el juez resuelva si accede a más interrogatorios y de que adopte una decisión definitiva relativa a la indemnización civil que se dictamine tras este proceso penal, la familia y la defensa de Pedro Navarro ha intentado, hasta el momento sin éxito, ponerse en contacto con los familiares del fallecido en junio de 2014 por la caída de un árbol en el Retiro. Entonces, un militar de 38 años perdió la vida como consecuencia del impacto de una rama mientras jugaba con sus dos hijas dentro del recinto del parque, a la altura del número 13 de la calle Menéndez Pelayo.