Política

Consejo de Ministros

de seis hospitales madrileños

Ignacio González y Javier Fenández Lasquetty en la rueda de prensa de esta tarde.
Ignacio González y Javier Fenández Lasquetty en la rueda de prensa de esta tarde.larazon

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha presentado su dimisión tras la decisión del TSJM de mantener la suspensión cautelar de la externalización de seis hospitales públicos, medida que la Comunidad de Madrid ha decidido dejar sin efecto.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció ayer la decisión de su Gobierno de «dejar sin efecto la externalización sanitaria» de seis hospitales de la región (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo) después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidiera ayer mantener la suspensión cautelar de la medida.

Entre vericuetos judiciales, alegaciones, recursos y sentencias, González aseguraba ayer que «no parece razonable que para una medida cautelar llevemos casi siete meses hasta tomar una decisión», así que como «no se puede mantener esta incertidumbre más tiempo», el presidente regional considera que detener el proceso es la mejor de las opciones. Además, si la Comunidad hubiera optado por seguir con este proceso, tendría que haber llevado la cuestión al Tribunal Supremo, lo que alargaría el proceso al menos un año y medio más, algo que desde Sol no consideran ni positivo ni necesario.

La decisión fue argumentada porque «tenemos que estar a lo que resulte del fallo judicial en todos sus términos con las consecuencias que se deriven del mismo». En el equipo de González no están dispuestos a alargar tanto el proceso, aunque «seguimos convencidos de que el modelo sanitario que proponemos es el que mejor cumple el objetivo final, que es hacer sostenible el sistema», tal y como expresó ayer el presidente regional. De esta manera, y dado que el proyecto no continuará su camino, González comunicó que «el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, me ha presentado su dimisión y yo la he aceptado». Después de agradecer su labor, anunció que su sustituto en el cargo será el catedrático de la Complutense y portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid, Francisco Javier Rodríguez Rodríguez.

Durante la rueda de prensa, convocada a media tarde después de que se conociera el fallo judicial, González negó que esta paralización suponga un fracaso y aseguró que, en cualquier caso, ha servido para «concienciar a toda la sociedad de la necesidad de hacer una gestión cada vez más eficiente» de los recursos públicos y del trabajo conjunto en la reducción del gasto «sin afectar» a los servicios «esenciales».

El presidente madrileño recordó que esta decisión no supone ningún cambio en lo que a los presupuestos regionales se refiere, ya que en dichas cuentas se encontraba contemplado este escenario y por ello se provisionaron, durante la aprobación de los números, más de 150 millones de euros, que era el ahorro previsto para la región con la aplicación de la externalización sanitaria. En la búsqueda de ese ahorro, González aseguró que su Gobierno no hará más recortes en este campo, aunque «introducirá medidas de eficacia en el gasto y seguirá profundizando» en la búsqueda de sistemas que permitan hacer sostenible el actual sistema sanitario. «Mi proyecto político es seguir salvaguardando la Sanidad pública, gratuita y de calidad», puntualizó el presidente madrileño, que a continuación no cerró la puerta a que esta medida estuviera incorporada en el próximo programa electoral del partido, aunque «no es tiempo de redactar esos programas ahora».

Las empresas tendrán que cumplir

Tres empresas (Sanitas, Ribera Salud e HIMA-San Pablo) tenían ya las concesiones para gestionar los hospitales que el Gobierno madrileño quería externalizar. Ante la pregunta de si esta decisión supondría un coste a la Comunidad de Madrid en concepto de indemnizaciones a dichas compañía, el presidente madrileño aseguró que «todas las partes tendrán que acatar la sentencia» judicial y las consecuencias que se derivan de ella. González puntualizaba que «nosotros no hemos planteado este proceso como una medida ideológica».

El presidente madrileño se mostró convencido de que su modelo sería el más conveniente y recordó que, pese a la dificultad de los tiempos que atravesamos, «gracias a una gestión absolutamente delicada y absolutamente excelente, hemos podido, en un año de enormes dificultades, seguir manteniendo esa sanidad, todos sus servicios, atendiendo extraordinariamente bien a los ciudadanos y garantizando la sostenibilidad del sistema». Un éxito que atribuyó al consejero ahora saliente, Javier Fernández Lasquetty.

El Ejecutivo regional acordó renunciar a una de las medidas estrella de ahorro para los presupuestos de 2013 tras conocerse la decisión de la Sección Tercera del TSJM de mantener las medidas cautelares sobre el proceso. Desestimó así el juez el recurso de reposición presentado por la Comunidad de Madrid contra el auto de 11 de septiembre de abril de 2013 por el que la misma Sección, a petición del sindicato Afem, acordó paralizar la adjudicación de los centros hospitalarios. En la resolución conocida ayer, los magistrados argumentan que los cálculos de ahorro realizados por la Comunidad son «meramente estimativos e hipotéticos y pueden no responder después a la realidad». Añaden en el auto los jueces que los hipotéticos perjuicios si la resolución impugnada se ejecutara y luego anulara «afectarían también al interés público y a la propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid».

Al rechazo al recurso de reposición del Gobierno autonómico se unió además la decisión de la misma sección, la Tercera, de acordar la suspensión del proceso al estimar los argumentos planteados por el sindicato de médicos Amyts en dos recursos. Argumentan a este respecto los magistrados que «la modificación del sistema de gestión en la atención sanitaria especializada de seis hospitales es de unas dimensiones cuantitativas extraordinarias». Esa circunstancia, según la resolución judicial, «haría muy difícil, sino imposible, en caso de que no se accediera a la medida cautelar de suspensión, volver a la situación anterior».