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«Guerra» en Cannes por el Edificio España

El Tribunal de Comercio francés insta a Baraka a dejar de promocionar la zona comercial del inmueble, en litigio con Riu, en una feria inmobiliaria

Maqueta expuesta por Baraka en su stand en la Feria Internacional de Cannes (Mapic) con la recreación de los 15.353 metros cuadrados comerciales en litigio
Maqueta expuesta por Baraka en su stand en la Feria Internacional de Cannes (Mapic) con la recreación de los 15.353 metros cuadrados comerciales en litigiolarazon

El Tribunal de Comercio francés insta a Baraka a dejar de promocionar la zona comercial del inmueble, en litigio con Riu, en una feria inmobiliaria.

El Edificio España ha acaparado un inesperado protagonismo en la Feria Internacional Inmobiliaria Mapic que se celebra en Cannes (Francia) a cuenta del litigio que enfrenta a la cadena hotelera Riu, propietaria del inmueble, con la inmobiliaria Baraka, del empresario murciano Trinitario Casanova, por los 15.000 metros cuadrados de uso comercial situados en la parte baja del emblemático edificio de la madrileña Plaza de España. Una funcionaria del Tribunal de Comercio francés –un organismo de primera instancia que se encarga de los litigios entre sociedades comerciales– se personó el pasado jueves en el stand de Baraka en la feria con un requerimiento, instado por la cadena hotelera, de paralización de las actividades de promoción de ese espacio comercial en busca de inversores.

Esa resolución, según fuentes del grupo Riu, prohíbe la utilización de imágenes del inmueble del Edificio España por parte de Baraka con fines comerciales «ya sea como posibles propietarios o como meros intermediarios». Según esas mismas fuentes, «es un hecho probado que la totalidad del edificio es propiedad de la sociedad Plaza de España 19 Development S. L. (sociedad del Grupo Riu Hotels & Resorts) sin que Baraka haya acreditado fehacientemente la existencia de ninguna clase de derecho sobre la parte comercial del inmueble».

La controversia se remonta a junio del pasado año, cuando el grupo de Casanova, que había adquirido el edificio al grupo chino Wanda, lo vendió a la cadena hotelera mallorquina, plasmando en un documento que los 15.000 metros cuadrados de uso comercial pasarían a ser propiedad de Baraka. No obstante, Riu defiende que era un mero «contrato de mandato, no representativo, de venta para la búsqueda de inversores de la zona comercial dentro de un periodo, que Baraka no ha cumplido pese a los reiterados requerimientos por parte de la cadena», para adquirir esa superficie, parte de las dos primeras plantas del inmueble, a cambio de una comisión.

La funcionaria francesa entregó a los responsables de Baraka en el stand el requerimiento judicial y les advirtió de las posibles consecuencias legales de continuar adelante con la promoción inmobiliaria de ese espacio comercial del Edificio España, incluso para la causa judicial abierta en España para esclarecer la propiedad de esos 15.353 metros cuadrados de superficie comercial.

Precisamente ayer la titular del Juzgado de Primera Instancia número 51 de Madrid desestimó la medida cautelar solicitada por el Grupo Baraka –en el marco de la demanda presentada contra Riu por negarse a escriturar a su nombre esa zona comercial cuya propiedad reclama– de paralizar las obras de reforma del céntrico edificio.

Tras la vista celebrada el pasado día 8, la magistrada María Luisa García Moreno deniega –en un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN– la medida sin entrar siquiera a determinar «si en efecto el contrato controvertido contempla o no un derecho de opción de compra a ejercitar por la hoy demandante». Un extremo, subraya, «que será el núcleo fundamental sobre el que gravitará el procedimiento principal», sin que quepa por tanto interpretar ahora el referido contrato, «por cuanto ello implicaría prejuzgar el fondo del asunto».

La juez de Madrid constata, además, que es «incontrovertido que las fincas objeto de las presentes medidas cautelares aparecen inscritas a nombre de Plaza España 19 Development» (perteneciente al Grupo Riu). Asimismo, hace hincapié en que si hubiese considerado procedente la medida interesada «en modo alguno el registrador habría procedido a la anotación preventiva acordada», por lo que «realmente la petición resultaba inviable ya desde el principio».

Este diario ha intentado ponerse en contacto con el Grupo Baraka para conocer su opinión con respecto a la medida que ha interpuesto la Justicia gala, pero desde la empresa murciana que dirige Trinitario Casanova no han querido hacer ninguna declaración al respecto.