Gumpert, en la cuerda floja por un «pacto secreto»

El culebrón en torno a las elecciones al Colegio de Abogados celebradas el 18 de diciembre de 2012 parece estar lejos de vivir su último capítulo. Tras la imputación de la actual decana y de toda su junta por las posibles irregularidades de la noche electoral, ahora es el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad el que se ha lanzado a investigar a fondo los posibles pactos electorales secretos suscritos por el entorno del actual equipo de Gobierno.

Se trata de una investigación iniciada a raíz del recurso presentado ante este órgano por el anterior decano del ICAM, Antonio Hernández-Gil. Tal y como informó «Expansión» el pasado 11 de abril, Hernández Gil pidió entonces al Consejo de Colegios estudiar los posibles pactos «que podrían existir y que no se hicieron públicos como obliga la normativa legal».

En este contexto, y según ha podido confirmar LA RAZÓN, el Consejo de Colegios ha recibido ya toda la documentación relativa a un pacto previo que Gumpert no comunicó al resto de candidatos. El citado acuerdo lo suscribió la actual decana con la Agrupación Pro Abogacía (APRA). A través de los dos escritos que han sido presentados –con fechas del 25 de octubre de 2011 y del 16 de mayo de 2012– APRA se comprometió a dirigir la campaña electoral, a redactar el programa, a sufragar económicamente la candidatura y a elegir a los miembros de la misma. En esos escritos, a los que ha tenido acceso este diario, APRA designa asimismo a Sonia Gumpert como candidata a decana del ICAM. En ambas reuniones, las personas que dan contenido y firman los documentos son los letrados Alejandro Pintó, Jorge Tomás Pintó, Juan José Sánchez Puig y la propia Gumpert. Al fin y a la postre, el acuerdo con APRA fue el que aupó a la «Candidatura Sonia Gumpert» –así fue designada también por APRA la lista– a la victoria en las urnas.

Precisamente toda esta documentación ha sido entregada esta semana y ha sido admitida como prueba, tras la providencia del pasado 22 de abril en la que el secretario del Consejo de Colegios de la Comunidad instaba a aportar los expedientes relativos a dicho pacto.

Este pacto no fue comunicado a la comisión electoral, después de que ésta solicitara a todos los candidatos poner en conocimiento «los acuerdos electorales a los que se haya llegado para dar también publicidad a los mismos». Fue entonces cuando la candidatura de Gumpert se vio obligada a hacer público el pacto que había alcanzado con la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo). Esta comunicación se produjo tras la denuncia del anterior decano a la comisión electoral. El acuerdo Gumpert-Altodo sólo se había comunicado hasta ese momento a través de la propia web de Altodo. Finalmente, el 14 de diciembre se colgó en la web del ICAM el acuerdo. En el documento firmado por ambas partes, Altodo se comprometía a aportar a la candidatura que resultó ganadora un total de 900 votos. Una vez recibida esta información, el Consejo de Colegios de Abogados –formado por 15 miembros ligados en su mayoría Scon el ICAM– deberá resolver el contencioso en los próximos meses. En el caso de considerar que el pacto con APRA debería haber sido comunicado, podría resolver la anulación de los resultados y la convocatoria de nuevos comicios.

Las elecciones más polémicas

El pasado 18 de diciembre los abogados madrileños eligieron a su decano para los próximos cinco años. La ganadora en las urnas fue, por primera vez en la historia del ICAM, una mujer. Sonia Gumpert doblaba en votos al actual decano, pero la noche electoral quedó marcada por los incidentes. Varias de las candidaturas acusaron entonces a miembros de la lista encabezada por Gumpert de llevarse unos ordenadores que habían utilizado durante todo el día para hacer un seguimiento informatizado de los comicios y valorar los porcentajes de participación. La tensión fue en aumento y tuvo que poner orden la Policía. Tras varios días de deliberación, Gumpert era proclamada decana. Sin embargo, las denuncias de sus rivales desembocaron en abril en la imputación de los miembros electos de la junta por un posible delito de revelación de secretos. A este frente judicial abierto, Gumpert ha tenido que hacer frente a tres importantes dimisiones en su junta en pocos meses. Dos secretarios y la tesorera renunciaron por importantes desacuerdos con el actual equipo de gobierno.