La guerra del IBI amenaza el pacto de Cibeles

Pertrechado con una calculadora, Sánchez Mato afeó a los grupos de la oposición su propuesta para rebajar también el IBI a los usos no residenciales de alto valor catastral. O, lo que es lo mismo, al 0,17% de los almacenes, al 5,56% de las oficinas, al 7,42% de los edificios singulares, al 2,75% de los comercios, al 5,73% de los negocios de ocio y hostelería, al 8,05% de los edificios industriales, al 2,58% de los deportivos y al 8,53% de los sanitarios. Los planes del Gobierno de Ahora Madrid en materia fiscal para el próximo año pasaban ineludiblemente por subir a estas minorías un 10% y así ingresar 46 millones que minimizaran la pérdida de recursos derivada de la rebaja a todas las viviendas. De este total, la mayor parte concierne a la subida a los edificios singulares –35 millones– y a los usos deportivos, por valor de 20 millones.

El enfado del delegado de Economía y Hacienda ayer era doble. Por un lado, lo aprobado por PP, PSOE y Ciudadanos significa un palo en las ruedas del proyecto de presupuestos que ya está ultimando con su equipo. Por otro, no había sido informado por el Grupo Socialista de la letra pequeña de la propuesta. Por todo ello, el responsable de las finanzas de la ciudad criticó la falta de «rigor» de este pacto a tres.

La duda se encuentra ahora en saber qué camino tomará el Gobierno de Carmena tras ser aprobada la propuesta, algo nada fácil teniendo en cuenta los mensajes contradictorios lanzados ayer mismo por Ahora Madrid. La portavoz municipal, Rita Maestre, aseguró, a raíz de otro debate, que «asumiremos todos los acuerdos del Pleno». Sin embargo, desde su partido aclararon respecto al IBI que lo aprobado en el Pleno no es de obligado cumplimiento para el Gobierno local: «Lo que son vinculantes son los presupuestos».

En este escenario, el delegado de Economía tiene dos opciones: o asume la rebaja del 2% del IBI para los edificios de alto valor catastral o incorpora a la ordenanza fiscal su hoja de ruta ya anunciada con la subida del 10% para estas minorías incluida. Esta última vía podría poner en riesgo el voto favorable de los nueve ediles socialistas a las ordenanzas fiscales y, por tanto, abriría la puerta a que se prorrogaran las que están en vigor para este año y, en último caso, amenazaría con convertirse en un elemento de fricción en la negociación de los presupuestos, para cuya aprobación necesita el «sí» del PSOE. Durarán poco todas estas dudas, ya que el delegado de Economía deberá llevar su propuesta de ordenanzas a la comisión de esta área de Gobierno que se celebrará este mismo mes de octubre, que tendrá lugar casi con toda seguridad en la tercera semana del mes que arranca hoy. Sánchez Mato señaló que «no se puede llevar al Pleno una proposición y hablar sólo de reducir gastos». Aseguró que, según sus cálculos, la batería de medidas fiscales propuestas ayer por el Partido Popular significarían que las arcas municipales dejarían de ingresar más de 600 millones, mientras que las de Ciudadanos las cuantificó en una merma de ingresos de 456 millones.