La puesta en marcha de Madrid Central se retrasa al 30 noviembre por el Black Friday

Madrid Central se pospone una semana. Lo que en principio no conseguían vecinos y comerciantes lo ha logrado una «celebración» de carácter consumista, importada directamente de EE UU y que lleva apenas unos años calando en nuestro país: el «Black Friday». Un día, el viernes 23, el último de noviembre, que ya rivaliza en ventas con los días de Navidad y en el que miles de madrileños «asaltarán» los comercios, incluidos los de la zona centro, en busca de gangas. Un día, además, que coincidirá con la inauguración de una renovada Gran Vía que ha perdido carriles para el tráfico rodado. El Ayuntamiento de Manuela Carmena ha atendido a medias la petición de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) de retrasar su polémica ordenanza, que pasa del 23 al 30 de noviembre. Una semana. Y decimos a medias porque los empresarios, si bien «agradecen» el gesto del Ayuntamiento, pedían –y mantienen– que la puesta en marcha de Madrid Central debería producirse en febrero, pasadas las Navidades, pues «afecta a todo el comercio». «Todo lo que se pueda retrasar hasta que demos con la tecla es importante», afirmó ayer Juan Pablo Lázaro, presidente de la patronal madrileña, que mantuvo ayer una reunión interna para estudiar nuevas actuaciones en torno al problema

Si bien Rita Maestre, portavoz del Consistorio, aseguró ayer que Madrid Central «se mantiene en un 95%» y que sólo se está atendiendo a «cambios leves», lo cierto es que la de los empresarios no fue la única concesión atendida. El Ayuntamiento se encuentra durante estos días inmerso en su propio «Black Friday», ofreciendo rebajas y ofertas prenavideñas a vecinos y comerciantes que se oponen a una medida sin consenso. La última victoria se la ha apuntado el Real Colegio Santa Isabel-La Asunción: los centros educativos quedan indultados. Como explica José Luis Castellano, miembro del AMPA de este centro situado en la calle Santa Isabel, los padres podrán acceder a Madrid Central para llevar y recoger a sus hijos, en un horario de 7:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, y de sábados de 9:00 a 15:00. «Es una decisión adoptada con carácter definitivo. Los colegios afectados por la ordenanza deberán enviar un listado de matrículas al Ayuntamiento, que pasará a reconocerlas como residentes», asegura Castellano, que agradeció «la intervención de Sabanés, clave para desbloquear la situación.
Estamos muy contentos, era una petición razonable y se ha apelado a la corresponsabilidad de los colegios para no abusar de estas autorizaciones. También dejamos claro que pueden contar con nosotros para mejorar la sostenibilidad y la calidad del aire».

No son los únicos frentes con los que capea el Consistorio. La comisión delegada del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) se reunirá mañana con carácter de urgencia para tratar un único punto en el orden del día: Madrid Central. Así lo anunció el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, que remitió esta semana una carta a Sabanés para que paralizase la propuesta. El CRTM, órgano que fue excluido de la elaboración de la ordenanza, pedirá al Ayuntamiento que le remita todos los informes que justifican la medida por su impacto medioambiental. «Tienen una oportunidad de oro para enseñarnos con luz y taquígrafos dónde están esos informes», aseguró Garrido, que no descartó acudir a la Justicia por un asunto que denota «improvisación». Algo que «no nos gustaría tener que ejercer» y que tendrían que estudiar «los servicios jurídicos de la Comunidad».

El Ejecutivo de Ahora Madrid también tiene que negociar con la Plataforma de Afectados, que reúne a 70 entidades y que ha iniciado un manifiesto en Change.org por la sostenibilidad integral y la mejora del proyecto, con más de 2.400 adhesiones de momento. Este colectivo se reunió en la tarde de ayer con Paz Valiente, coordinadora general de Medio Ambiente, Movilidad y Sostenibilidad. Según fuentes de la plataforma, «se insistió en la necesidad de flexibilizar el calendario de la puesta en marcha del plan para vehículos dedicados al reparto de mercancías». Es cierto que el Consistorio ha retrasado un año la entrada en vigor de las restricciones para los vehículos de hasta 3.500 kilos de MMA con etiquetado B. Sin embargo, «es muy insuficiente, ya que este elenco no llega al 30% y, además, un año es escaso, pues hablamos de empresas que en los próximos seis años van a tener que renovar un 90% de su flota». También se recordó la «falta de infraestructuras asociadas», como ocurre con las «gasineras». «No hay ninguna en todo Madrid Central», apuntan. El Ayuntamiento se ha limitado a pedirles una «concreción de propuestas más detallada», y que se tratará en una reunión con fecha aún por determinar.