Política

Ayuntamiento de Madrid

Los autónomos alertan de los «daños colaterales» de la ordenanza de Madrid Central

Se unen a la Plataforma de Afectados por la nueva ordenanza del Ayuntamiento

Alrededor de 30.000 empresas podrían verse afectadas por la normativa de movilidad / Reuters
Alrededor de 30.000 empresas podrían verse afectadas por la normativa de movilidad / Reuterslarazon

Se unen a la Plataforma de Afectados por la nueva ordenanza del Ayuntamiento.

Los autónomos también se posicionan contra la ordenanza de Madrid Central. La Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos (Amtas) ha sido la última en sumarse a la Plataforma de Afectados, en la que están incluidos vecinos y comerciantes, y que ha señalado que 30.000 empresas y 300.000 puestos de trabajo se ven comprometidos con el nuevo modelo de movilidad promovido por el Ayuntamiento de Manuela Carmena.

Para Amtas, la ordenanza «no plantea soluciones para las diversas situaciones que se producirán con su entrada en vigor. Situaciones que afectan a cientos de miles de profesionales autónomos de numerosos sectores como el comercio, la hostelería, la distribución de mercancías ligeras, distribución de prensa, de productos farmacéuticos...», enumera la asociación en un comunicado.

César García, secretario general de este colectivo, afirma que Amtas siempre estará a favor «de cualquier medida que ayude a tener minimizada» la emisión de gases contaminantes, así como de las «energías limpias y de los vehículos con bajas y cero emisiones». Sin embargo, no pueden aceptar unas medidas que no «facilitan el acceso a autónomos, profesionales e incluso ciudadanía que no reside» en la zona. Entre otros problemas asociados, la asociación señala «la complicación en la distribución de artículos de primera necesidad y el posible desabastecimiento de algunos productos de urgencia».

En su opinión, se trata de un conjunto de normas «cortoplacistas y populistas», con las que el Ayuntamiento quiere «demostrar que ha hecho algo en materia medioambiental» a pocos meses de las elecciones. Así, García se pregunta por las auténticas medidas de calado para frenar el uso del coche: «¿Dónde están los postes de recarga de vehículos eléctricos? ¿Dónde está el Plan de refuerzo del transporte público? Y, sobre todo, ¿dónde está el estudio de impacto económico que, según la Ley de Procedimiento Administrativo Común es obligatorio?».