Los «colectivos» sólo podrán usar los espacios municipales treinta días

El Pleno aprueba la polémica ordenanza de Cooperación Público-Social aunque suavizada.

Con las enmiendas del PSOE y, por consiguiente, con menos carácter del que le habría gustado otorgarle Ahora Madrid, pero en cualquier caso, aprobada. Desde ayer, la capital cuenta ya con una Ordenanza de Cooperación Público-Social, algo más moderada con respecto al texto inicial defendido por el teniente de alcalde y delegado del Área de Coordinación Territorial, Nacho Murgui, pero que sigue despertando recelos entre los otros dos grupos del Pleno. Y es que, tanto PP como Cs, votaron en contra de la propuesta recelosos de que se acabe convirtiendo en un respaldo para la pervivencia de movimientos sociales como el de la okupación ilegal.

De hecho, el punto más llamativo de este proyecto ya aprobado es, a su vez, el que más controversias ha despertado entre la ciudadanía y, por supuesto, entre los distintos miembros del Pleno. Estamos hablando de la apertura del censo de asociaciones a entidades sociales sin personalidad jurídica, las que podrán, puntualmente, hacer uso de los espacios públicos municipales, así como beneficiarse de asesoramiento y bonificaciones. A los partidos que han votado en contra les preocupa que dentro de esta etiqueta entren los colectivos que mantienen con vida algunos «centros sociales autogestionados», es decir, okupados con «k». Según recabó este periódico, actualmente, son más de 40 los espacios con estas características que se mantienen en activo en la capital y cada uno de ellos lo regentan decenas de «colectivos». Ahora bien, con las enmiendas de los socialistas –que sí han apoyado PP y Cs al considerar que mejoran la idea inicial de Murgui–, los colectivos quedan fuera del beneficio de las subvenciones y el tiempo de uso de los espacios se restringe para ellos en 30 días. Pero, ¿será suficiente para acabar con el crecimiento del movimiento okupa en Madrid?

Nacho Murgui defendió durante la sesión ordinaria del Pleno de ayer que con esta iniciativa, simplemente, «se ponen en orden, criterio y transparencia» unas fórmulas de colaboración entre las administraciones y el tejido social que ya se están dando, que no son nuevas, afirmación que ratificó el PP, añadiendo que, cuando se ha hecho, no ha funcionado. Porque, a los ojos de los grupos contrarios a la ordenanza, estas formas de hacer son –como la supuesta «red clientelar» denunciada por el PP–, un medio utilizado por Ahora Madrid para asegurarse la comida cuando llegue el invierno, que dijo la portavoz de Ciudadanos en este ámbito, Silvia Saavedra, aludiendo metafóricamente al cuento popular de La cigarra y la hormiga.