Madrid dará cobertura sanitaria a «sin papeles»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes

«El Ejecutivo tiene la obligación moral de atender médicamente a cualquier persona, con independencia de que tenga papeles o no los tenga». Con estas palabras anunciaba ayer la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que la Comunidad de Madrid creará en los próximos meses un documento específico que permitirá a los «sin papeles» que ahora tienen garantizados los tratamientos en los servicios de urgencias recibir también atención primaria y especializada en el ámbito de esta región. En concreto, Cifuentes, que se opone a devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes indocumentados porque, dijo, tiene «connotaciones y problemas que trascienden lo que es España», manifestó en declaraciones recogidas por Ep que «Madrid es una comunidad solidaria y no se va a dejar de atender a una persona por el hecho de que tenga o no papeles».

En la actualidad la tarjeta sanitaria permite a su titular solicitar atención sanitaria fuera de nuestro país, una situación que obliga a España a «contraer determinadas obligaciones económicas con el país donde recibe la prestación», explicó la jefa del Ejecutivo autonómico, quien puntualizó que con el sistema en marcha actualmente «no se deja de atender a nadie». Por eso, Cifuentes concretó que el documento sanitario que propone no será como la tradicional tarjeta, sino un sistema «diferente» y que su uso estará limitado a la Comunidad de Madrid.

La presidenta madrileña aboga por la creación de un sistema «uniforme» en el que en todas las comunidades autónomas «se actúe de la misma manera». Por eso, pidió que se alcance una decisión en el Consejo Territorial para que la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles sea uniforme en toda España.

La advertencia de Sanidad

El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, advirtió este jueves a las comunidades autónomas que han devuelto la atención sanitaria a todos los inmigrantes en situación irregular de que las normas impulsadas para ello podrían conllevar multas millonarias a diario por parte de la Unión Europea y la paralización de todos los fondos comunitarios.