Madrid recaudó 3,8 millones de euros en un mes

La Comunidad de Madrid recaudó 3,8 millones de euros en los 29 días en que estuvo vigente el cobro de un euro por receta farmacéutico, una medida que recurrió el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, que hoy ha anulado definitivamente.

Así lo han indicado hoy a Efe fuentes de la Consejería de Sanidad al conocerse que el Tribunal Constitucional ha considerado inconstitucional el pago de un euro por receta en la Comunidad de Madrid, porque la medida vulnera las competencias estatales en materia de sanidad.

La sentencia del Constitucional remite a la que el pasado 6 de mayo dictó sobre este tema en Cataluña, donde también consideraba inconstitucional la medida por las mismas razones en que ahora lo hace en la Comunidad de Madrid.

Se trata, pues, de la segunda sentencia del Constitucional sobre esta cuestión, que generó una gran polémica hace dos años en plena crisis económica y que tanto en Madrid como en Cataluña fue suspendida de forma cautelar por el tribunal a los pocos meses de ponerse en vigor.

El Gobierno de Madrid calculó entonces que dejaría de ingresar 83 millones de euros por la suspensión de esta medida y negó que hubieran cometido alguna imprudencia al ponerla en marcha, además de anunciar que esos ingresos tendrían que compensarse "de otra manera".

El cobro de un euro por cada receta farmacéutica entró en vigor en Madrid el 1 de enero de 2013, pero unos días más tarde, el 11 de enero, el Gobierno lo recurrió ante el Tribunal Constitucional, por considerar que se gravaba la prestación de un servicio del Sistema Nacional de Salud en una determinada comunidad autónoma.

El Gobierno alegó además que el euro por receta vulneraba la igualdad de los españoles a la hora de acceder a una prestación farmacéutica.

El 29 de enero de 2013 el Constitucional suspendió esta tasa en Madrid y el 6 de junio del mismo año el mismo tribunal decidió mantener la suspensión cautelar del pago tras la solicitud del Gobierno y en aplicación de la Constitución, en tanto se resolvía el fondo del asunto.

Madrid fue la segunda comunidad, después de Cataluña, que cobraba un euro por receta médica, con el fin de reducir el gasto farmacéutico.