Madrid se queda otra vez sin financiación por capitalidad

Ser la capital le cuesta al Ayuntamiento más de 500 millones de euros anuales. Ningún partido exige cumplir el acuerdo de 2006 entre Ruiz-Gallardón y Zapatero.

Después de diez mandatos, cinco alcaldes y dos alcaldesas de distinto color político en cuarenta años de democracia municipal, Madrid sigue sin compensación económica del Estado por los gastos que le supone ser la capital de España. En 2006, el alcalde, Ruíz-Gallardón, y el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, firmaron la Ley de Capitalidad de Madrid, como contempla la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad, pero dejaron «para más adelante» la financiación, o subvención, por el coste que representa para el Ayuntamiento la capitalidad.

Los gobiernos municipales de Ana Botella y de Manuela Carmena, no exigieron a los gobiernos centrales de Rajoy y Pedro Sánchez, la prometida aportación compensatoria, y se acabará el actual mandato sin financiación. No ha habido voluntad política de ningún partido para que Madrid tenga lo que en justicia le corresponde. Cuando en la Casa de la Villa gobernaba el PP, no se quería inquietar el gobierno del mismo partido en la Moncloa. En los tres años de mandado de Manuela Carmena, ha habido cierto debate interno sobre la necesidad de que el gobierno de Rajoy financiara a Madrid como le corresponde, y ahora es tarde, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, pero sobre todo, porque el PSOE gobierna en España y no parece oportuno distraer al compañero de moción de censura y Presupuestos Generales del Estado. En definitiva, unos por otros, la casa sin barrer, y la subvención sin llegar, aunque es posible que en las próximas elecciones, todos los partidos lleven en sus programas el exigir la financiación por capitalidad.

En 2006, 445 años después de que Felipe II trasladara la Corte desde Toledo a Madrid, y esta fuera considerada «capital del Imperio», por fin iba a tener reconocimiento práctico cuando entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el alcalde, Alberto Ruíz-Gallardón, llegaban a un acuerdo de consenso para firmar una Ley de Capitalidad, pero decidieron «dejar para más adelante» el tema espinoso y fundamental de la financiación compesatoria. El argumento fue la crisis económica que vivía España. La Ley, un tanto descafeinada, tal como exigía la Constitución, fue refrendada por el Congreso de los Diputados, en julio de 2006.

Felipe II instaló la Corte en Madrid, en 1561, pero el reconocimiento como capital de España no se produjo oficialmente hasta el regreso de la Corte de Valladolid, en 1606, aunque no fue hasta 1931, con la proclamación de la II República, cuando se oficializó constitucionalmente ese hecho. Curiosamente, en la Ley Especial de Madrid, que se aprobó en 1932, se concendía al Ayuntamiento, por parte del Estado, una subvención de 80 mllones de pesetas, distribuidas en diez anualidades, como compensación a los gastos que le ocasionaba la capitalidad.

El año 1877, con la llegada a la alcaldía de Francisco Caballero, marqués de Torneros, éste pide al Gobierno, que en los Presupuestos del Estado, se incluya una subvención de capitalidad. Desde algunos sectores, la iniciativa se tomó como el desvarío de un alcalde soñador. Y, efectivamente, la propuesta no pasó de ser una utopía. En 1899, otro alcalde, Ventura García Sánchez, maqués de Aguilar de Capoo, solicitaba una subvención de capitalidad. Un año después, el nuevo alcalde, Mariano Fernández de Henestrosa, duque de Santo Mauro, hizo suya esa reivindicación, y la elevó al Gobierno, pero a pesar del interés , del buen trabajo realizado y de su espléndida oratoria, demostrada en la defensa de una subvención para la capital en la tribuna del Congreso de los Diputados, no tuvo éxito, lo cual interpretó como, «una injusticia para Madrid», y en señal de desacuerdo, presentó su renuncia a la alcaldía, el 7 de marzo de 1901. Nos vamos hasta 1935, año en el que la Ley Municipal, reconoce que Madrid «tiene categoría propia para disponer de una Ley especial», que no llegaría hasta hasta 1963, basada en la Ley de Régimen Local de 1955, y que habilitaba la aprobación de regímenes singulares para las grandes ciudades, pero esa normativa tampoco reconocía un régimen especial de financiación. El 1978, se incluye el hecho de la capitalidad de Madrid en la Constitución española, y en 1983, en el Estatuto de la recién creada Autonomía de la Comunidad, que obligaba a dotar a la capital de una Ley Especial, votada en Cortes.