Ahora Madrid
Mato y Mayer: De firmar contratos a dedo a «víctimas» de una «querella política»
Los concejales investigados por malversación niegan ante la jueza que cometieran ilegalidades en el «caso Open». Cinco ediles de Ahora Madrid les acompañaron.
Los concejales investigados por malversación niegan ante la jueza que cometieran ilegalidades en el «caso Open». Cinco ediles de Ahora Madrid les acompañaron.
Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato declararon ayer ante la juez que investiga el «caso Open de Tenis» como investigados. Pese a la batalla terminológica mantenida desde hace meses entre el Gobierno de Carmena y el Partido Popular en torno la figura jurídica concreta –imputados, investigados o querellados– y en calidad de qué tendrían que acudir a sede judicial, los dos concejales firmaron ayer a su llegada a Plaza Castilla el formulario de «información de derechos a investigado no detenido», en el que se les detalla su derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismos o a designar un abogado, entre otros. El PP denunció ayer que había solicitado la copia de este documento de lectura de los derechos de Mayer y Mato en su declaración y que los abogados de los ediles se habían opuesto. En su querella, los populares planteaban la posible comisión de los delitos de malversación, prevaricación y delito societario.
Llegaron poco después de las diez de la mañana, arropados por los suyos. En concreto, por los ediles de Ahora Madrid que pertenecen a Ganemos y a Izquierda Unida: Rommy Arce, Pablo Carmona, Montserrat Galcerán, Yolanda Rodríguez y Mauricio Valiente.
A la salida, señalaron que la declaración les había permitido defender ante el juez «que toda su actuación estaba dentro del marco de la legalidad». «Hemos tenido la ocasión de dar con detalle cuenta que todo lo que había pasado. Hemos podido aclarar el importe de los contratos, que el procedimiento ha sido totalmente legal. En ese sentido, hemos contestado a las preguntas de todos los abogados que se han personado. Esperamos que la jueza lo archive pronto y podamos pasar a otras cosas», precisó Mayer. El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, por su parte, reconoció estar «tranquilo» tras prestar declaración y calificó de «querella política» la acción judicial emprendida por el PP en este caso.
La ex delegada de Cultura relató que el Fiscal no había hecho preguntas y que ella explicó que el precio de los contratos a los despachos encargados a la auditoría de los convenios del Open de Tenis ascendieron a 24.000 y 26.000 euros. Tras haberlo acordado con la alcaldesa, ambos contestaron también a las preguntas de la acusación popular. La propia Carmena, una hora antes de que comenzaran a declarar ante la jueza, había reconocido ante los medios su deseo de que les fuera «muy bien», ya que, aseguró, que ambos «saben lo que tienen que hacer» que es «decir la verdad y contestar a todas las preguntas que les hagan. Lo que debe hacer un buen ciudadano y un concejal». También insistió la alcaldesa en que en ningún caso su declaración responde a la imputación de delito alguno: «Eso no es una imputación. Están exclusivamente citados como querellados».
Este caso se remonta al mes de marzo cuando ambos concejales y Ana Varela presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia sobre el convenio suscrito entre el ex alcalde Ruiz-Gallardón y la empresa organizadora del Open de Tenis de la capital. En su escrito, los ediles manifestaron que el citado convenio podría ser constitutivo de varios delitos.
Sin informar a la alcaldesa, que mostró públicamente su malestar con esta actuación, los tres investigados presentaron la denuncia basándose en dos informes jurídicos cuya elaboración fue adjudicada a dedo a un despacho de abogados y que, tal y como adelantó «El País», costó 50.000 euros a las arcas públicas municipales. Lo hicieron a pesar de que existían informes realizados por funcionarios del Ayuntamiento en los que se apuntaba que el convenio no incurría en ninguna ilegalidad.
ARCHIVO O Más diligencias
La declaración de Sánchez Mato y Mayer ayer ante el juez forma parte de la fase de instrucción en la que se investigan aquellos hechos de los que puedan desprenderse indicios racionales de delito. Fuentes jurídicas consultadas por este diario precisan que una vez termine la actual fase del «caso Open de Tenis», el juez de instrucción tendrá dos opciones: resolver a través de un auto su archivo o sobreseimiento o, por el contrario, considerar que hay indicios de delito en la actuación de los concejales y dictar un auto de continuación de las actuales diligencias previas –lo que se conoce como auto de transformación–. En este último caso, si alguna de las acusaciones, bien el ministerio fiscal o bien la acusación particular, solicitan que alguno de los investigados sean acusados, el juzgado resolverá por medio de un auto la apertura de juicio oral.
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