Nuevo golpe policial contra el hachís

Los bares dispensadores de hachís siguen cayendo por vía administrativa en Alcorcón. La Policía Municipal trabaja para eliminar esa mala fama que adquirió la localidad en la época de Cascallana por la facilidad con la que se podía conseguir el estupefaciente en las decenas de establecimientos regentados por ciudadanos de origen magrebí. Esta semana se han vuelto a cerrar otros cinco, y ya van 12, aunque hay siete más cuyo expediente está en marcha y su cierre es inminente. En esta ocasión, se trata de La Taberna Caribeña, en la calle Trujillo; el Burguer J. R., en calle Brunete; el bar Toledo y el bar Alhocemas, en el barrio de San José de Valderas, y el bar Los Pinos, en la calle Badajoz. Los cinco han sido sancionados con 30.051 euros de multa y un año de clausura del local, a excepción del último, que ha sido sancionado con dos años de cierre por reincidencia.

En todos los bares se dispensaba hachís, aunque la Policía Judicial de Policía Municipal también interceptó pequeñas cantidades de cocaína en Los Pinos y en La Taberna Caribeña. En este último, por ejemplo, el encargado ocultaba el hachís en un «pingüino» de aire acondicionado. Tras detectar los vecinos un trasiego sospechoso de gente en torno al establecimiento, lo pusieron en conocimiento de la Policía de Barrio de Alcorcón, por lo que la Policía Judicial intensificó el control y, tras levantar varias actas a clientes que habían salido del establecimiento –constataron que, efectivamente, se vendía la droga–, procedieron a la entrada en el establecimiento. En este local se produjeron dos actuaciones policiales (en febrero y junio) con tres detenidos. Sólo la primera vez los agentes se incautaron cerca de 1.000 euros y 50 gramos de hachís preparados para la venta (cortado en fichas de 10 o 20 euros, que es como suele comprarlo el cliente). Con el análisis del estupefaciente realizado en el laboratorio, la técnico del Ayuntamiento abre entonces el expediente sancionador al local, que se le entrga el 28 de mayo. Después de tres meses de periodo de alegaciones, se comunica el cierre del local y cuando la Policía acude a precintar los locales, ya ha cesado el negocio. «Si estuviera abierto incurrirían en un delito de desobediencia que está penado de dos a seis años de cárcel», explica un agente. Lo mismo ocurrió con el bar Burguer J. R., de donde el pasado mes de febrero se llevaron 137 gramos y casi 500 euros en efectivo. En total hay más de una decena de detenidos –y 36 en lo que va de año por este motivo–, que han pasado a dependencias de la Policía Nacional, que los pone a disposición judicial. El juez de guardia suele dejarles en libertad a la espera del señalamiento del juicio, por lo que a los tres días vuelven a retomar su actividad. Por eso, lo más eficaz es que el Ayuntamiento pueda clausurar el negocio. El alcalde de la localidad, David Pérez, sigue en la línea de «tolerancia cero» contra el tráfico de drogas, que se ha reducido de forma notable desde 2011.