"Por una orden de registro, nos dejaron sin nada"

El Ayuntamiento de Madrid tendrá que pagar 13.000 euros a la familia Maya Borja por demoler su casa.

Con tono emocionado, la matriarca de la familia Maya Borja explicaba cómo vivieron el derribo de su casa de La Cañada Real Galiana en febrero de 2018. Ese día, la Dirección General de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, en el marco de una operación policial, desalojó y derribó varias viviendas, una de ellas la de esta familia con tres niños de 6, 4 y 1 año, «sin cumplir con el procedimiento legal establecido y sin mediar autorización judicial», como indica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que condena al Ayuntamiento de Madrid a pagar 13.000 euros a esta familia de etnia gitana por «prescindir total y absolutamente del procedimiento administrativo establecido».

Tal y como establece el fallo, se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la familia y se ratifica la vulneración del derecho a la inviolabilidad de su domicilio pues el derribo de la vivienda constituyó «una actuación en vía de hecho que vulneró el derecho fundamental de los recurrentes a la inviolabilidad de su domicilio». Indica, también, que se trata de una actuación realizada «fuera de su ámbito de competencia o al margen del procedimiento establecido». Además, la sentencia concluye que la entrada a la vivienda se llevó a cabo «sin obtener el consentimiento de los afectados».

«Lo hemos conseguido. Esto demuestra que hay que luchar, que luchando se puede. Lo nuestro ha sido una injusticia», insiste ella. «Por una orden de registro, no nos pueden dejar sin nada», añade.

Eso sí, la sentencia no aprecia la vulneración del derecho fundamental a la igualdad y desestima el restablecimiento de sus derechos con la facilitación de una vivienda sustitutiva. Eso sí, admite la causación de daños morales en los recurrentes por lo que deberán de ser indemnizados por el Ayuntamiento con una cantidad de 3.000 euros por cada hijo menor de edad (3 en total) y 2.000 euros para cada uno de los progenitores.

La Fundación Secretariado Gitano de Madrid (FSG), que se ha ocupado de interponer la demanda, explica que los hechos ocurrieron el pasado 13 de febrero de 2018 cuando la Dirección General de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, en el marco de una operación policial realizada en la Cañada Real Galiana, desalojó y derribó varias viviendas «sin cumplir con el procedimiento legal establecido». La directora de la FSG de Madrid, Rocío García, aseguró que las administraciones públicas deben de «tomar cartas» en el asunto y pide que se cumpla el Pacto Regional firmado en 2017 entre los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas para actuar en la zona de La Cañada.

Por su parte, la abogada del Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación, Edurne de la Hera, criticó que, a causa de estos desalojos, los afectados pierden otros derechos como son la integridad física y moral, la Educación o la Sanidad. «No es un caso aislado», afirmó, a lo que añadió que quieren conseguir una garantía plena de derechos para toda la comunidad de La Cañada. Insisten en que «se respete siempre el principio de legalidad en los derribos de viviendas» y que se ofrezca «la posibilidad a las familias afectadas de dirigirse a los tribunales para hacer valer sus derechos».