Rebaja en el alquiler para las rentas más ajustadas

El Ayuntamiento de la capital reduce 40 euros, hasta un máximo de 160, la mensualidad de las 200 viviendas públicas que subarrienda a entidades sociales

La realidad social se ha encrudecido de tal forma que muchas administraciones se han visto obligadas a modificar algunos programas sociales y evitar así –sin intervenir en las resoluciones judiciales– el riesgo de exclusión social que corren muchas familias afectadas por la crisis económica. Eso han hecho, por ejemplo, dentro del Área de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, encabezada por la delegada Dolores Navarro. La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) ha puesto en marcha un programa para rebajar, aún más, el precio de sus alquileres sociales que, en el caso de 200 viviendas –las que, por el momento, han pasado a formar parte de este programa– no superarán nunca los 160 euros de alquiler mensual. Eso sí, como el proyecto nace por la excepcionalidad de la situación social actual y especialmente para no agravar aún más el drama de los desahucios, las familias no podrán «acomodarse» a esta situación y sólo podrán permanecer un año (ampliable a un máximo de dos) con esta rebaja en el precio del arrendamiento y dejar paso así a otras familias que atraviesen una situación más delicada.

El nuevo convenio funcionará desde esta misma semana con entidades y organizaciones de corte social como Cáritas, Cruz Roja, Provivienda o Altius, según avanzó a este diario el coordinador de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento, Carlos Martínez. Como ya se ha venido practicando hasta ahora, serán ellas las «beneficiarias» de las viviendas de la EMVS y las encargadas de subarrendar los pisos asignados a cada familia. Las entidades firman un contrato con la empresa municipal por el arrendamiento de cada vivienda y son las responsables del pago de los gastos de las mismas (agua, gas, electricidad, comunidad de propietarios... así como los desperfectos que pudieran ocasionar). Es decir, que en caso de impago, estas entidades deben responder por el inquilino. Precisamente éste es otro de los motivos que animaron al Área de Servicios Sociales a rebajar el ya muy reducido precio del alquiler mensual. Pretenden así que la unidad familiar pueda pagar estos gastos corrientes y liberar a las organizaciones de asumir cada vez de forma más frecuente estas deudas.

Si hasta el momento, la EMVS ya exigía unos precios irrisorios: tres euros el metro cuadrado (dependiendo de la superficie de la casa) hasta un máximo de 200 euros mensuales, ahora ha bajado ese «tope» en más de 40 euros. Y es que, la empresa municipal ha establecido nuevos baremos de precio: el alquiler costará a dos euros el metro cuadrado hasta un máximo de 160 euros, o el 30 por ciento de la renta mensual de la unidad familiar. Este porcentaje puede reducirse hasta aportar el inquilino simplemente un 10 por ciento del salario mensual, en función de la situación económica de cada familia (se aplicará principalmente en casos de situación extrema) y previo acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio, que revisa las condiciones de forma periódica e individualizada.

No obstante, la renta también será revisada de forma anual de acuerdo con la variación porcentual experimentada por el Índice General Nacional del Sistema del IPC. Este nuevo sistema permite acceder a una vivienda a personas con rentas aún más bajas. El coordinador de Servicios Sociales destacó que «el objetivo es que nadie se quede en la calle y por eso desde el Ayuntamiento se hace este esfuerzo en unos momentos muy complicados».

Las 200 viviendas que ostentarán estas nuevas condiciones de pago están repartidas por distintos distritos de la capital; muchos en Villaverde y Usera, pero también hay en Centro, Carabanchel, Tetuán, Ciudad Lineal, Vallecas o San Blas. Entidades como Cruz Roja, que ya llevan muchos años trabajando con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, se encargan de encontrar a los posibles beneficiarios en la capital. Desafortunadamente, no les falta gente. Por eso, el coordinador municipal deja abierta la posibilidad de ampliar la bolsa inicial de 200 pisos en función de la demanda que haya. «Esto es un primer paso pero no sabemos qué va a pasar más adelante. Es necesario para evitar el riesgo de exclusión, motivado por la pérdida de empleo primero y por los procesos de desahucio después», asegura.