Tres miembros del Colegio de Médicos, imputados por revelación de secretos

El Juzgado de Instrucción número 50 ha citado a declarar como imputados a parte de la junta directiva del Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM). La vicepresidenta, Ana Sánchez Atrio, Emilio Villa y Carlos Hernández, secretario general y letrado jefe respectivamente, deberán presentarse en calidad de imputados en el juzgado el próximo 9 de diciembre por un supuesto delito de violación de correspondencia y revelación de secretos contra la presidenta, Sonia López Arribas; su marido, Joaquín Ruiz, y el ex director general, Antonio Mora. Según fuentes consultadas por LA RAZÓN, los imputados habrían accedido a los correos personales de los querellantes para difamar sobre la actual presidenta, un conflicto que el ICOMEM lleva arrastrando desde el año pasado.

En octubre del 2013 Sonia López dio su consentimiento para acceder al correo corporativo del ex director general, despedido meses antes, por sospechas de que divulgaba secretos del Colegio, incumpliendo así el código deontológico. Sin embargo, en febrero del presente año la vicepresidenta, el secretario y otros 5cinco miembros de la junta interpusieron una querella criminal contra la presidenta por presunta revelación de secretos. En el acta notarial los querellantes aportaron conversaciones de correos electrónicos que presentaron como corporativos, pero en realidad se corresponden a las cuentas personales de López Arribas, su cónyuge y el ex director general Antonio Mora. Como consecuencia de esta querella, aún sin resolver, los tres denunciados fueron citados a declarar como imputados en marzo. Una vez expuestos en el Juzgado número 50, los querellados interpusieron a su vez una querella contra los que consideran los responsables de la divulgación de esos correos privados.

La guerra interna en la junta directiva del ICOMEM se extiende ya un año y medio desde que Sonia López Arribas, tras ser elegida presidenta, se negara a modificar los estatutos del Colegio. Siete de los nueve miembros de la junta se unieron para demandar a la presidenta con una cuidada selección de conversaciones electrónicas que prácticamente en su totalidad son privadas, pero ahora los responsables deberán personarse para declarar como imputados por incurrir en un supuesto delito de violación de correspondencia y revelación de secretos.

Fuentes cercanas a la institución afirman que este goteo de escándalos e irregularidades puede guardar relación con una serie de intereses económicos de aquellos que pugnan por mantener el control del Colegio para su propio beneficio, y a los que López Arribas se habría enfrentado.