Política

Desahucio

Un desahucio insolidario en el Mercado de La Cebada

El Ayuntamiento desaloja a Loli, una comerciante que llevaba 14 años en su puesto. En los últimos meses se lo había cedido gratuitamente a una ONG que vende libros para comprar comida y donársela a bancos de alimentos.

En enero de 2019, Loli se encontró con la cerradura de sus puestos cambiada por funcionarios municipales
En enero de 2019, Loli se encontró con la cerradura de sus puestos cambiada por funcionarios municipaleslarazon

El Ayuntamiento desaloja a Loli, una comerciante que llevaba 14 años en su puesto. En los últimos meses se lo había cedido gratuitamente a una ONG que vende libros para comprar comida y donársela a bancos de alimentos.

«Te están cambiando la cerradura». La llamada de un compañero del Mercado de La Cebada alertaba a Dolores de Gracia, Loli, de lo que estaba sucediendo en aquel momento en su puesto. En torno a las 10:30 horas, dos policías y dos funcionarios municipales cambiaban la cerradura de las bancas 334 y 335, bajo los letreros «Chiscón. Bazar. Droguería y Perfumería». Ya por la tarde, señala la que antes era su cerradura. «Han destrozado la puerta», dice con tristeza. Se confirmaba: Loli había sido desahuciada de su tienda. Y lo peor de todo es que ni siquiera sabe por qué: ha revisado toda la documentación y asegura que en ningún caso había recibido notificación al respecto.

Era su puesto desde hace casi 14 años. Antes lo abría todo el día; por la mañana se ocupaba su marido y por la tarde, ella. Desde que su pareja falleció en 2014, y con una pensión de 360 euros, Loli, que ahora tiene 64 años, decidió buscar trabajo, concretamente en una empresa de limpieza, y abrir el bazar sólo por las tardes. Desde el pasado mes de septiembre había cedido gratuitamente sus bancas a una ONG, el Mercadillo del Libro Solidario, cuyas ventas estaban destinadas a las compras de comida para bancos de alimentos. Así que se ha confirmado un doble desahucio: el de Loli y el de esta modesta organización.

La mujer tenía una deuda con la Sociedad Cooperativa de Comerciantes del Mercado de La Cebada que ascendía, según los documentos que Loli atesora, de unos 5.000 euros. Sin embargo, también guarda el acuerdo que alcanzó con la cooperativa: el compromiso de abonar, desde 2016, una cantidad de 140,70 euros al mes hasta ponerse al día.

La comerciante asegura que no ha dejado de pagar un solo mes desde entonces, aunque el julio recibió una carta de la Dirección General de Comercio del Ayuntamiento de Madrid en la que se recogía la denuncia de la cooperativa debido a que faltaban dos mensualidades. «Eso es lo que ellos dicen. Tengo las facturas del banco y está todo pagado», insiste.

Loli no ha recibido «ningún aviso ni ningún anuncio previo» por parte del Ayuntamiento. Sin embargo, quien sí lo tenía era la gerente del Mercado de La Cebada, Marta González, con la que mantuvo ayer una conversación telefónica después de que se efectuara el desalojo y en la que le aseguraba que la orden venía firmada por Marta Higueras, teniente de alcalde y delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. «¿No tenían que notificármelo a mí?», se pregunta incrédula.

No sólo está dolida por ella misma, que también. Esta noticia ha llegado en un momento económico complicado para ella. «Dentro de poco ya tendré edad para jubilarme. Esto es de lo poco que tengo mío. Si reforman el mercado, lo puedes alquilar ya en condiciones. Pero se han empeñado en quitármelo de la noche a la mañana. Te sientes totalmente desprotegida», afirma. Pero lo que le parece especialmente triste es que la ONG a la que cedía de forma altruista su puesto se quede también en la calle. De hecho, afirma que desde la gerencia del mercado la han apremiado para que las responsables del Mercadillo del Libro Solidario acudan cuanto antes a recoger los libros de las bancas. A Loli se le humedecen los ojos cada vez que recuerda los niños a los que, de momento y si nadie lo remedia ya no van a poder ayudar. «Esos libros ni son suyos ni son míos, tiene sus dueñas», dice indignada la vendedora.

Una de las dueñas es Gema Campos. «Aparte de que todos los libros siguen dentro del puesto y ahora mismo no podemos sacarlos, ahora tampoco vamos a poder desarrollar nuestra labor», afirma Gema a LA RAZÓN. En total cuentan allí con unos 300 libros, más el dinero que todavía sigue en la banca y que han recaudado durante esta última campaña de navidad. Esta ONG los recibe sobre todo de bibliotecas municipales, aunque también por ciudadanos que los donan de forma desinteresada. Después contactan con bancos de alimentos –sobre todo los más pequeños, que habitualmente no reciben comida–, les preguntan qué necesitan, lo compran con el dinero obtenido y se lo dan. «No me lo puedo creer», dice Gema. «Nos han paralizado como ONG, cuando Loli no obtiene ningún beneficio con este puesto. Además, allí sigue lo que hemos recaudado», recuerda.

Loli tampoco se explica lo ocurrido. Apunta a que el verano de 2017, la gerencia del mercado quiso adquirir su puesto, debido a que pretenden establecer en su lugar una plazoleta. De hecho se adquirieron otras bancas vecinas –más de una decena–, cuyos espacios a día de hoy siguen estando visibles y sin rellenar. Sin embargo, la comerciante declinó la oferta.

Recuerda además que pertenece a la Asociación de Comerciantes del Mercado de la Cebada, una agrupación que está en conflicto con la actual gerencia y que denuncia casos similares al suyo. De hecho, está prevista la celebración de un juicio para el próximo 30 de enero y están pendientes de otras sentencias. Según esta asociación, actualmente el 70% de los puestos de este céntrico mercado permanecen cerrados. Y, efectivamente, basta un breve paseo por el recinto para constatar que el ambiente es desolador. Precisamente, Loli es de las pocas que, aunque sea sólo media jornada, siempre ha mantenido sus bancas abiertas.

De momento, el próximo paso de Loli será solicitar una cita con la Dirección General de Comercio para averiguar cuáles son los motivos que han llevado al cierre, de momento parece que definitivo, de su negocio. Ahora, lo único que pide es que el Ayuntamiento «escuche a las dos partes».