Un hotel 100% legal pero «políticamente denunciable»

Ahora Madrid revisa la cesión de la Casa de la Carnicería a un grupo hotelero. No encuentra irregularidades pero censura el proceso.

El delegado Carlos Sánchez Mato reparte su tiempo como responsable económico de la capital entre el futuro y el pasado. Mientras ultima la redacción de los presupuestos de la ciudad para 2016, pilota el proceso de auditoría ciudadana con el que pretende saber qué errores e irregularidades cometieron los gobiernos del PP dirigidos por Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella. En esta misión, revisará buena parte de los contratos y adjudicaciones de las últimas legislaturas. «Los contratos del PP verán la luz y hay cosas que no quieren que veáis», aseguraba esta misma semana ante varias decenas de vecinos en Vicálvaro. Ayer, Sánchez Mato hizo públicas las conclusiones de la última de estas pesquisas. El área de Gobierno de Economía y Hacienda ha revisado el expediente de la adjudicación de la Casa de la Carnicería. Una cesión que, como reconocen desde el Ayuntamiento, cumple por completo con la Ley: «Parece ajustarse al procedimiento legal», asegura la nota hecha pública por su área de Gobierno. Todo está en regla. La adjudicación «se realizó de acuerdo al procedimiento estipulado», «no se han detectado irregularidades respecto a la solvencia técnica y capacidad económica», «se acredita la experiencia profesional requerida en el concurso de al menos cinco años en el sector hotelero», «se certifica que tenga un volumen de negocio en los últimos cinco ejercicios igual o superior a 10 millones», y «la oferta presentada por la adjudicataria fue la más elevada», lo que responde a los criterios para elegir a la sociedad más idónea. Todas estas afirmaciones realizadas por los técnicos del propio Ayuntamiento no son, sin embargo, obstáculo para que Sánchez Mato cuestione la adjudicación. Para el concejal de Ahora Madrid, «comprometer un activo público durante los próximos cuarenta años para que una empresa privada se lucre, aunque sea legalmente, es denunciable políticamente». A falta de argumentos legales, Sánchez Mato ve «cuestionable políticamente» el proceso y lamenta la precipitación a la hora de resolver el concurso, «cinco días antes de las elecciones de mayo».

Añade Sánchez Mato que «el hecho de que se haya otorgado por 420.000 euros al año a la empresa que presentó la propuesta más cara no elimina el coste de oportunidad, es decir, lo que hemos dejado de beneficiarnos los ciudadanos». La otra queja que pone encima de la mesa el responsable económico del consistorio es que «al mismo tiempo que se cede una joya del patrimonio de Madrid a una sociedad privada para que lo explote, el Ayuntamiento paga arrendamientos a otras empresas por el uso de edificios administrativos».

El Gobierno de Ana Botella decidió a principios de este año licitar este inmueble situado en la Plaza Mayor con objeto de convertirlo en un hotel de lujo. Este procedimiento culminó en mayo con la concesión «para la implantación, explotación y conservación de un establecimiento hotelero» por un canon anual de 420.000 euros y una duración de 40 años –prorrogables hasta un máximo de 75– al grupo portugués Pestana. La inauguración está prevista para 2017.