Un máximo 2,7 años de cárcel por víctima del Arena

La Fiscalía pide la apertura de juicio oral para catorce imputados en el caso Madrid Arena y el sobreseimiento provisional de la causa respecto a diez personas, entre ellas los responsables de la cúpula de Seguridad, Policía Municipal y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

Cinco delitos de homicidio imprudente, castigados con un máximo de cuatro años de cárcel cada uno de ellos, y nueve delitos de lesiones, castigados con 3 a 6 meses de prisión cada uno, es lo que imputa la Fiscalía de Madrid a Miguel Ángel Flores, promotor de la fiesta de la fiesta de Halloween del Madrid Arena en octubre de 2012, en la que fallecieron cinco jóvenes. Esa misma imputación se formula contra otras once personas, mientras que a los médicos Simón Viñals y su hijo les considera presuntos responsables de dos homicidios por imprudencia profesional grave, ya que de las tres víctimas a las que atendieron «no fueron capaces de reconocer que, al menos, Rocío Oña y Cristina Arce estaban en situación de parada cardiorrespitatoria y, enseguida, diagnosticaron erróneamente que estaban fallecidas». Estas conclusiones constan en el informe que presentó ayer la Fiscalía al juez que instruye esta causa, Eduardo Palop, en el que le insta a finalizar la investigación porque, según señaló Manuel Moix, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, la instrucción «está agotada».

De acuerdo con lo señalado por el fiscal, la pena máxima que se podría imponer a Flores y los otros once a los que se les imputan los mismos delitos, si se solicitara en la acusación y condenara en su grado más alto, sería 20 años de cárcel por los cinco homicidios imprudentes y cuatro años y medios por los nueve de lesiones. Sin embargo, dado que el cumplimiento no puede superar el triple de la pena mayor, resulta que por los cinco homicidios estarían en prisión un máximo de 12 años y año y medio por las lesiones. Es decir, 13,5 años en total, lo que derivaría en que cumplirían dos años y algo más de ocho meses por cada una de las víctimas, y eso en el supuesto de una condena a las penas máximas.

El fiscal dirige la acción «exclusivamente contra 14 personas que realizaron una serie de actuaciones, algunas de forma activa y otras omisiva, que generaron un riesgo para las personas y asistentes al Madrid Arena». Y ello, añadió Moix, derivó en cinco muertes que tuvieron su «origen directo en una avalancha que no fue un accidente, sino que fue producida por el proceder inadecuado y absolutamente falto de las cautelas precisas».

Esa avalancha, añadió el fiscal superior, «fue previsible y perfectamente evitable».

Tres causas determinantes

En cuanto a las causas que derivaron en el fatal desenlace, la Fiscalía destaca tres de forma relevante: sobreventa de entradas y el consiguiente sobreaforo; falta de control de acceso y apertura de puertas, y el hecho de que los vomitorios del recinto estuviesen cerrados.

En cuanto al primero de esos factores, el Ministerio Público sostiene que Flores conocía que el aforo permitido en el contrato para el evento era de 10.620 personas y, pese a ello, «movido por un claro ánimo de enriquecerse», vendió 22.835 entradas. De hecho, en las urnas intervenidas judicialmente se hallaron un total de 16.849 entradas, «siendo previsible que con ello se iba a sobrepasar la capacidad máxima del recinto, con el consiguiente riesgo para los asistentes a la fiesta».

En segundo lugar, alude el fiscal a la falta de control de acceso y apertura de puertas. Al respecto, pone de relieve cómo a partir de las dos de la madrugada «se produjo un absoluto descontrol en el acceso al pabellón, al permitir el acceso libre a los asistentes, sin supervisión de ningún tipo, ni entrega de entrada alguna».

Y, en tercer lugar, destaca el hecho de que los vomitorios estuviesen cerrados, al menos algunos de ellos, desde media hora antes de la actuación del dj Steve Aoki, cuando «debían estar abiertos permanentemente, de forma que se garantizara la inmediata salida de los asistentes desde el interior de la pista, lo que hubiera disminuido, en gran medida, la entidad del resultado lesivo producido».

Junto a esas imputaciones, el Ministerio Público pide que se acuerde el sobreseimiento provisional respecto a otras 12 personas, entre ellas los ex concejales del Ayuntamiento de Madrid Antonio de Guindos y Fátima Núñez, así como respecto a Emilio Monteagudo, inspector jefe de la Policía Municipal.

Nadie avisó del sobreaforo

Sobre esta cuestión, la Fiscalía destaca que el dispositivo que se fijó fue «proporcionado» a ese tipo de espectáculos públicos, y que Monteagudo «no pudo prever que iba a asistir un número superior de personas, y lo que ocurrió no es imputable a la Policía», según señaló Manuel Moix. Así, añadió que nadie avisó a la Policía Municipal que en la pista había sobreaforo y que se permitía el acceso libre. «No hay ningún dato de que Monteagudo realizara alguna conducta que tuviese incidencia directa en la avalancha», concluyó el fiscal superior de Madrid.

La reacción de las familias

Nada más conocerse el escrito de la Fiscalía, las familias de las víctimas del Madrid Arena anunciaron su intención de pedir la imputación del inspector jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo, y del jefe del Departamento de Seguridad de Madridec, José Luis Rodríguez Caamaño. El abogado de la familia de Belén Langdon, Abdón Núñez, aseguró que, al margen de ello, «están perfectamente de acuerdo» con el resto del escrito.