Una Ciudad de la Justicia de 771 millones

L. L. Á.

MADRID- Ya ha salido a concurso. Ayer se publicaron en el Bocam las condiciones económicas y los «requisitos específicos del contratista» para las empresas que opten a la construcción y la gestión del proyecto más ambicioso de la Comunidad de Madrid: la Ciudad de la Justicia. El valor estimado del proyecto una vez acabado es de 771.720.924 euros; es decir, cerca de 800 millones de euros, pero no correrá todo a cargo de la empresa adjudicataria. Ésta asumirá sólo el coste de su construcción, que asciende a los 483 millones de euros. El resto correrá a cargo de la Comunidad, que ya ha invertido 288 millones entre el suelo, el Instituto de Medicina Legal (ya está construido), obras subterráneas, dotación de los equipos... El canon que deberá pagar el Gobierno regional por el uso del espacio que construirán empresas privadas es de 45 millones de euros, una cifra muy similar a la que ahora se abona por el alquiler y los servicios de las 28 sedes judiciales de Madrid y, en principio, el «contrato de alquiler» se firmará por 30 años. No será hasta el segundo semestre de 2019 cuando se comiencen a utilizar las sedes judiciales y el conocido «Donut» (el Instituto de Medicina Legal), se prevé que las obras de construcción comiencen el año que viene.

Las empresas interesadas tienen de plazo para «pujar» por levantar este macrocomplejo judicial hasta el próximo 1 de abril (45 días desde la publicación en el documento público) y deberán presentar sus propuestas a los técnicos en el registro de la Consejería de Presidencia y Justicia, dirigida por Salvador Victoria. Según las normas de tramitación y procedimiento publicadas ayer en el Boletín Oficial de la región, las ofertas deberán presentarse en tres sobres distintos. En el «sobre número 1», irá la documentación administrativa; en el número 2, la propuesta técnica, y, en el número 3, la documentación económica y la reducción del plazo de ejecución de la obra. La empresa que finalmente resulte adjudicataria del contrato abonará también el 5 por ciento del valor estimado del contrato, es decir, unos 38,5 millones de euros.

El ambicioso proyecto del Gobierno regional, impulsado en su día por la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre –la primera piedra se colocó en 2007– y, frenado después por la crisis económica, pretende unificar en un terreno de 220.000 metros cuadrados de Valdebebas 356 órganos judiciales del partido judicial de Madrid y albergará un archivo central digitalizado, por lo que, presumiblemente, los juzgados dejarán de ofrecernos la mítica estampa, montones de papeles apilados. En la era digital, no podía ser de otra forma, lo que tampoco quiere decir que se evite el colapso real que sufren los juzgados madrileños, según denuncian desde hace años desde la Fiscalía y el TSJM.

Además de la megaciudad judicial, también habrá una ciudad ad hoc. Y es que, de los 60.000 metros cuadrados que se dejarán para uso terciario, habrá 10.000 para usos asociados: negocios hosteleros, reprografías, farmacias... Eso sí, aún habrá que esperar cuatro años para verlo hecho realidad.