Una empresa sexista no podrá contratar con el Ayuntamiento

El Consistorio dará prioridad a estos criterios, frente al económico, en sus adjudicaciones.

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, aseguró ayer haber aprobado el decreto más importante de la legislatura. Se aplica desde hoy y regula las nuevas cláusulas de carácter social que regularán los nuevos contratos públicos. La normativa dibuja una nueva relación entre el Ayuntamiento y las empresas que opten a gestionar algunos de los servicios públicos externalizados. Todo sobre la base de que el «precio no será el elemento clave», como hasta ahora.

De entre las cláusulas que el Gobierno de Carmena podrá exigir en los contratos destaca la perspectiva de género. El Consistorio descartará a las concesionarias que utilicen un lenguaje sexista en su publicidad. También podrán exigir a estas compañías su grado de cumplimiento de algunos indicadores de género o, en su caso, un informde impacto de género. «Entendemos que la lucha por la igualdad debemos impulsarla y garantizarla. Se debe incluir que toda la documentación y publicidad de estas empresas no sean sexistas y fomenten los valores de la igualdad», recalcaron en la presentación del decreto el propio Sánchez Mato y su jefa de Gabinete, Esther López Barceló.

También será fundamental en los procesos de adjudicación la cláusula que gira en torno a la estabilidad y el mantenimiento del empleo. El área de Economía y Empleo señala este punto como «fundamental». Con su aplicación se persigue evitar situaciones como las ocurridas con los ERTE aprobados por algunas de las concesionarias de limpieza. La subrogación de todos los empleados será obligatoria en todos los contratos de más de 300.000 euros. Este elemento implica que todos los trabajadores de un servicio deberán ser asumidos por la nueva empresa adjudicataria, respetándose todos los derechos contraidos, incluidos los derivados de la antigüedad.

Todas estas cláusulas tendrán una especial relevancia en los contratos con perspectiva social, es decir, aquellos con una vinculación evidente con la gestión o prestación de servicios y políticas sociales o en los que están concernidos colectivos vulnerables como las personas sin hogar, las mujeres víctimas de violencia machista o los parados de larga duración.

Otro de los pilares de esta nueva forma de contratación es la accesibilidad. Se tendrá en cuenta incluso en contratos en los que sea necesaria la creación de una página web, que tendrá la obligación de adaptarse a la normativa de accesibilidad de las administraciones públicas.

La aplicación de políticas de conciliación de la vida laboral con la personal en las empresas adjudicatarias, la subcontratación a favor de las empresas de inserción social y los centros Especiales de Empleo o el compromiso de adscripción de un pocentaje de mujeres en las nuevas contrataciones, bajas o sustituciones serán otros criterios que marcarán las diferencias entre los aspirantes a hacerse con una adjudicación.

No todos los contratos deberán incluir todas estas cláusulas, ya que deberán ajustarse al objeto de cada uno de ellos. La empresa adjudicataria deberá demostrar, eso sí, que cumple con al menos uno de los objetivos de igualdad, accesibilidad, seguridad y salud laboral, estabilidad del empleo y formación en el lugar de trabajo. Sánchez Mato reconoció que este decreto podría provocar un encarecimiento de los contratos: «Hay margen presupuestario para hacerlo», aclaró.