Comunidad de Madrid
Valdemoro se dejará otros 13.200 euros en la «operación Púnica»
Los ediles calculan celebrar 24 sesiones de la comisión de investigación por la que cobran 110 euros por reunión. Sólo el PSOE votó en contra de estas «indemnizaciones» pactadas
La «operación Púnica» puede llegar a costarle al Ayuntamiento de Valdemoro otros 13.200 euros. Ésta es la cifra estimada que prevén desembolsar las arcas públicas para pagar las dietas a los concejales sin dedicación exclusiva que, tal y como anunció ayer LA RAZÓN, se han autoasignado los ediles de la corporación municipal por asistir a las reuniones de la comisión de investigación de la trama corrupta, de la que Valdemoro es epicentro por ser el municipio con más imputados y el lugar desde donde operaban los considerados cerebros de la red de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.
Por intentar aclarar las circunstancias en las que se adjudicó a Cofely los servicios energéticos de la ciudad por casi 61 millones de euros, así como otros contratos de menor cuantía que podría estar relacionados con la trama quepresuntamente dirigía el ex consejero regional Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, los ediles no liberados cobrarán 110 euros por cada sesión a la que acudan.
Según han explicado a este diario ediles presentes en la primera sesión de la comisión, que se celebra a puerta cerrada, aunque no hay plazo para su cierre en ésta ya se calculó la necesidad de celebrar «en torno a 24 sesiones» antes de finiquitarla. De esta manera, a razón de 110 euros por reunión para cada uno de los cinco ediles que no trabajan con dedicación exclusiva en el Ayuntamiento, sale una cuenta final de 13.200 euros. Es decir, cada día que la comisión de investigación que investiga la «operación Púnica» se reúne, las arcas de Valdemoro perderán 550 euros. Y se reunirán, según sus propias previsiones, durante 24 días. La comisión está participada por tres ediles del PP (Manuel Salguero, Mari Carmen Hernando y Josefina Nieto), dos del PSOE (Serafín Faraldos y Soledad Ruiz), Enrique Monago, de UPyD; Cynthia Castellanos, de IU; Juan Fernández, de PIVV; y Antonio González, del TUD.
De éstos, los tres del PP y Faraldos, del PSOE, no cobrarán las controvertidas dietas por estar liberados; los otros cinco, sí. Así se decidió en la primera reunión de la comisión de investigación y se ratificó en el último Pleno ordinario celebrado en el municipio, el pasado jueves 29 de enero. La polémica por la aprobación de las dietas hizo que algunos ediles modificaran su voto en los días que pasaron entre desde que se reunió la comisión hasta que se aprobó en Pleno, por lo que finalmente el PP (ningún concejal suyo cobra) se abstuvo; el PSOE (sólo uno de ellos cobrará dietas) votó en contra y UPyD, IU y los independientes del TUD y PIVV (todos cobran) votaron a favor. De esta manera, sólo se opuso al cobro de «indemnizaciones», nombre con el que han definido las dietas los concejales de la comisión, el PSOE de la localidad y no el TUD, como se apuntó ayer en este periódico.
En esta primera reunión de la comisión también se fijó el calendario de sesiones, establecido en dos reuniones semanales que se celebrarán los martes y jueves por la mañana. Precisamente en el hecho de que las sesiones se hayan fijado por la mañana y en horario laboral está la excusa de los concejales que han apoyado los cobros por asistencia, ya que, aquellos que compaginan su labor de ediles con otros empleos han argumentado, tras la denuncia de Ciudadanos y la publicación en LA RAZÓN del acuerdo del reparto de dietas, que tienen que ausentarse de sus puestos de trabajo para acudir a estas reuniones, ausencias que posteriormente tienen reflejo en sus nóminas.
Los contratos con Cofely siguen vigentes
En los tres muncipios de mayor entidad de Madrid involucrados desde octubre en la «operación Púnica», Parla, Valdemoro y Villalba, los contratos sospechosos siguen estando vigentes. La Audiencia Nacional investiga si la contratación de la empresa Cofely para el suministro eléctrico de estos muncipios se hizo a cambio del cobro de una comisión de un 2% a un 4%. No obstante, sus dirigentes han determinado que continúe vigente hasta que diga lo contrario un informe judicial.
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