Asamblea de Madrid
Victoria: «Nunca vi signos de ilegalidad en la agencia de informática»
El ex consejero tacha de injuriosa la acusación del que fue intermediario de los pagos a De Pedro
El ex consejero tacha de injuriosa la acusación del que fue intermediario de los pagos a De Pedro
El ex consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, imputado en el marco de la «operación Púnica», tachó ayer de «injuriosa y calumniosa» la acusación de que actuó como intermediario de pagos con dinero público al empresario Alejandro de Pedro, a través de Indra, por servicios al PP. Así lo manifestó Victoria al ser preguntado por la diputada de Podemos María Espinosa si estaba entre sus funciones ser intermediario de dichos pagos durante su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, pregunta por la que pidió amparo a la Mesa al considerarla una «calumnia», informa Ep.
Victoria se remitió al sumario y decidió no responder a las preguntas de los diputados basadas en el contenido del sumario. «Todas las explicaciones las he dado de manera suficiente en sede judicial, con todas las garantías procesales, y es lógico que me remita a ese sumario», advirtió al inicio de su comparecencia. Previamente, la ex directora general de Comunicación de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego, también se acogió a su derecho a no responder.
Además,compareció ante la Comisión de Investigación el consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) entre enero de 2004 y diciembre de 2007, Cándido Cerón, quien negó cualquier vinculación con la empresa Avanzit, adjudicaria de ICM, mientras era su máximo responsable. Cerón respondió a preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Investigación sobre los contratos adjudicados en 2007 a la empresa Avanzit, que según la documentación a la que hizo referencia la portavoz socialista, Encarnación Moya, fue adjudicataria de al menos 3 contratos y uno menor en 2007, por un importe total de 4,7 millones de euros. Moya constató que las normas de la Comisión de Investigación no permiten que se investigue el periodo anterior a 2007.
Victoria recordó que fue nombrado consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid en octubre de 2012 y que «por mandato legal, no por nombramiento del Consejo de Gobierno», pasaba a ser también presidente del Consejo de Administración de ICM.
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