El PP defiende que la Ley de Transporte «velará por los puestos de trabajo»

El secretario ejecutivo de Infraestructuras, Territorio y Vivienda del Partido Popular en la Región de Murcia, José Miguel Luengo, afirmó ayer que la modificación de la Ley de Transporte Público que se aprobará hoy en la Asamblea Regional de Cartagena «quiere velar por mantener los puestos de trabajo de las 25 empresas concesionarias del servicio de transporte público en las carreteras de la Comunidad Autónoma, en un momento en el que pasan por verdaderas dificultades económicas».

En este sentido, según explicó el dirigente popular, la proposición de Ley que modificará la Ley 10/2009 en cuanto a la creación del Sistema Integrado de Transporte Público y Modernización de las Concesiones de Transporte Regular Permanente de Viajeros por Carretera dará «dos años más a las concesionarias para que hagan frente a las inversiones a las que se comprometieron con los contratos/programas de 2009», algo que desde el punto de vista de Luengo «repercutirá en su continuidad y modernización».

De esta manera, el secretario de Infraestructuras del Partido Popular murciano quiso destacar «el esfuerzo que las empresas concesionarias de la Región de Murcia han realizado desde el año 2009 para poner a disposición de los ciudadanos un transporte más eficiente, más moderno y más accesible para las personas con discapacidad».

No obstante, Luengo también recordó que el texto incluye la modificación de un artículo que establece que «si transcurre el plazo fijado para la efectiva aplicación de las mejoras previstas en la ley sin que las empresas hayan cumplido el compromiso de inversión, éstas podrán perder la concesión». Desde que se firmaran los contratos/programas en 2009, resaltó el responsable del PP, este sector se ha visto especialmente perjudicado por la importante subida de carburante y por la destrucción de empleo, que ha incidido directamente en el número de usuarios que cogían el autobús para ir a trabajar. Esto es lo que, en opinión de Luengo, «ha motivado que el Grupo Parlamentario Popular proponga esta modificación de la ley y así echar una mano al sector, que es lo mismo que echar una mano a los ciudadanos para mantener este servicio público, pero también a los trabajadores de las 25 empresas concesionarias de la Región de Murcia».

Si bien, para la oposición, en concreto para la secretaria de Infraestructuras del PSRM, María José Lajarín, no está de acuerdo con esta modificación de la ley, al considerar que el PP se «oculta detrás de su grupo parlamentario para evitar dar cuentas de la situación real del transporte público». Asimismo, Lajarín sostuvo ayer que «el Gobierno del PP no sabe qué hacer con el transporte en la Región, y por eso, en vez aportar una solución, alarga el problema a dos años más, proponiendo la modificación legal».